La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció ayer la intención de su Gobierno de impulsar una reforma del Código Penal para adecuar la ley a la normativa internacional sobre los delitos de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión.
La presidenta adelantó que enviará al Congreso un proyecto "donde se suprime la figura de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión".
El texto del proyecto "propicia la sustitución de diversas normas contenidas en el Código Penal de la Nación referidas a calumnias e injurias a efecto de adecuar la normativa nacional conforme a los estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad de expresión".
"Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional donde se hay podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mi en la República Argentina", dijo Fernández, durante un homenaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado en el Espacio de la Memoria abierto en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el mayor centro de detenciones clandestinas de la dictadura.
El anuncio se produce en medio de un clima de crispación entre el Gobierno, la oposición y los principales medios de comunicación por un polémico proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que amenaza intereses de grandes grupos.
Minutos antes del anuncio de la presidenta, por cadena nacional, diputados de los bloques de la UCR, el PRO y el peronismo disidente habían realizado una propuesta similar en una conferencia de prensa conjunta.
La oposición planteó para después del 10 de diciembre revisar la ley de medios K si es aprobada y tratar la ley de Acceso a la Información, una norma para regular la publicidad oficial y para modificar la penalización por calumnias e injurias.
Por su parte, una hora después, en el acto por el 30º aniversario de la visita histórica que realizó la CIDH durante la última dictadura militar, Fernández de Kirchner anunció que la intención de "suprimir" la figura de "calumnias e injurias" como delito penal va en sintonía con el fallo de mayo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Eduardo Kimel en la apelación que había presentado contra el Estado argentino.
En 1995, Kimel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos por considerarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un juez al que el periodista mencionó en su libro "La masacre de San Patricio".
La Comisión reclamó la anulación de la condena contra Kimel y obligó al Estado argentino a que "en un plazo razonable" reforme la figura penal de los delitos de calumnias e injurias.
Cristina informó además sobre el envío al Congreso de un proyecto respecto de la obtención de muestras de ADN que resguarde los derechos de los involucrados y de otro que modifica el reglamento del funcionamiento del banco genético para adecuarlo a los avances tecnológicos.
El Gobierno también intentará sancionar un proyecto que reforma el código procesal para garantizar la participación de las víctimas y asociaciones.