El juicio oral y público contra el juez Carlos Macchi, acusado de cometer irregularidades en los juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos al Estado, comenzó con chispazos entre las partes y por momentos el clima se tornó tenso en la sala del Concejo Deliberante de la Capital. El defensor del magistrado, Guillermo Toranzo, le pidió al Jurado de Enjuiciamiento que retire del proceso al abogado Rubén Pontoriero, que acompaña al acusador y fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ya que fue uno de los denunciantes y aseguró que por esa razón, no puede estar presente. El titular del organismo que vela por el patrimonio provincial resaltó que su colega actuará como colaborador y Toranzo le contestó que “no está diciendo la verdad”. De Sanctis respondió que se trata de “chicanas” y destacó que la estrategia que están usando es decir que se está violando el derecho de defensa para apelar a la Corte de Justicia.
Ante el cruce, el Jurado rechazó el planteo y Pontoriero seguirá como ayudante. En la práctica, la defensa de Macchi buscó alejar al abogado que está empapado de los detalles técnicos y jurídicos de la causa, dado que fue contratado por el Gobierno para que acompañe al fiscal de Estado en la investigación. Toranzo insistió y presentó por escrito su planteo, el cual fue desestimado. El Tribunal le llamó la atención porque el proceso es oral, estableció que no va a admitir más ese tipo de presentaciones y argumentó que la presencia de Pontoriero no vulnera el ejercicio de defensa de Macchi.
Luego de los cruces, la primera audiencia de ayer se caracterizó por la lectura de la acusación que realizó De Sanctis. Durante la mañana y la tarde se expusieron las 5 causas en las que Fiscalía de Estado sostiene que el juez del Quinto Civil faltó al cumplimiento de los deberes a su cargo y tuvo una mala conducta en los juicios de expropiaciones que tramitó. El magistrado le impuso al Estado pagar 23 millones de pesos por 1.500 m2 de un vereda en Desamparados (caso Ruiz), 11 millones por menos de 10 hectáreas en Cuesta del Viento (caso Anes), más de 1.000 millones por una porción del Parque de Mayo, unos 70 millones por 2 hectáreas del Canal Benavídez y 124 metros de un terreno sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento (causa Herrería). En todos los casos, De Sanctis le endilga cometer irregularidades en los procedimientos para inflar el valor de los terrenos que expropió el Estado y favorecer a Santiago Graffigna, el abogado que intervino en dichos procesos y que fue procesado como el presunto líder de una asociación ilícita.