Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y con lo que estaba ocurriendo en Brasil hasta hace poco. Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff despedía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos ellos renunciaron bajo presión tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.
No estamos hablando de desvíos de millones de dólares de fondos gubernamentales a cuentas privadas en el exterior, como los que cada tanto revelan los medios no oficialistas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, en cambio, Rousseff parece tener poca paciencia con todo tipo de actos indebidos.
El ex ministro de turismo Pedro Novais debió renunciar después de que el diario Folha de Sao Paulo reveló que usaba a un empleado del Congreso como chofer de su esposa. Antes, el diario había informado que Novais había pagado el salario de su empleada domestica con dinero del Congreso entre 2003 y 2010. Anteriormente, Rousseff había despedido a su ministro principal, Antonio Palocci, al ministro de agricultura Wagner Rossi y al de transporte Alfredo Nascimento, en medio de denuncias de corrupción.
La cruzada de la presidenta mantiene su índice de popularidad relativamente alto, del 49%, y alimenta la especulación de que se produjo una grieta en la relación entre ella y su mentor, el ex presidente Lula da Silva. Varios de los ministros depuestos habían trabajado para Lula -que podría ser candidato presidencial en 2014-, y muchos se preguntan por qué el ex presidente no actuó con igual firmeza ante acusaciones de corrupción en su gobierno. Lo más interesante es que Rousseff está actuando en base a acusaciones de los medios. Mientras otros gobiernos suelen acusar a los medios independientes de tener motivaciones antipatrióticas cuando denuncian corrupción, Rousseff toma muy en serio los informes periodísticos creíbles, y actúa en consecuencia.
En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra la prensa independiente cuando informó que su hermano Fabricio Correa tenía contratos con el gobierno por más de u$s 300 millones. Incluso luego de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referéndum para controlar a los medios, acusándolos de "secuestrar” a la opinión pública con métodos "criminales”.
En Argentina, la noticia es la malversación de fondos entregados al grupo Madres de Plaza de Mayo para un plan de viviendas, pero el gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron que en indagar si sus funcionarios cometieron algún delito. En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente denunció que el gobierno de Hugo Chávez ha desviado miles de millones de dólares pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios no oficialistas de ser "agentes de la CIA”.