En 1992, el gobernador santacruceño Néstor Kirchner no era demasiado conocido fuera de los límites de su provincia, al punto que en la firma del Pacto Fiscal su apellido fue transcripto como ‘Kirschner‘. Más allá de los errores ortográficos de los empleados de la Casa Rosada, Kirchner y todos sus pares provinciales coincidieron con el gobierno nacional de entonces, presidido por Carlos Menem, en propiciar a través del Pacto Fiscal una serie de medidas que no parecían corresponderse con las consignas que sus seguidores alentarían dos décadas después. En el artículo séptimo del Pacto, Kirchner acordó con todos los cofirmantes solicitar al Congreso Nacional el tratamiento de varios proyectos de ley, entre los que pueden destacarse: 1): La reforma del Régimen Nacional de Previsión Social, es decir su privatización. 2) La privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 3) La privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Casa de la Moneda y el Banco Nacional de Desarrollo. * La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, para que la entidad tuviera autonomía del Poder Ejecutivo. En todos estos puntos, salvo en el de la Caja de Ahorro y el liquidado BANADE, el kirchnerismo dio un giro de 180 grados y avanzó por sobre lo firmado por Kirchner o ‘Kirschner‘ el 12 de agosto de 1992.
