El caso de la bebé de un mes de vida, supuestamente vendida por su madre impulsada por el estado de necesidad, se ha convertido en un hecho policial mediático de alcance nacional. Con total ligereza se habla de delitos de supresión de estado civil y de identidad y quienes investigan el problema barajan imputaciones fijadas en los artículos 138 y 139 del Código Penal y hasta aventuran sobre los años de prisión que tendrían los involucrados.
Sin embargo, y a medida que se conocen los pormenores de un drama social marcado por la marginalidad y la indigencia, esta situación golpea la sensibilidad de la opinión pública porque revela el abandono en que sobrevive mucha gente sin que los organismos asistenciales del Estado ni las entidades de bien público se hubiesen sensibilizado por pobladores necesitados. Ahora, con el escándalo de la ‘venta”, todos parecen movilizarse pero, lamentablemente, en direcciones equivocadas porque son pasos administrativos carentes de sentido común.
Oficialmente se informó que los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano evalúan las condiciones en que vive la familia de la mujer denunciada, que sigue detenida mientras los cuatro hijos están separados, alojados en dependencias ministeriales con las consecuencias traumáticas del desarraigo.
Por otra parte, fuentes de la investigación llegaron a establecer que en este caso no hubo una venta, pues habría existido un consentimiento de ambas partes para la entrega voluntaria de la criatura, ya que la madre habría dicho que no podía mantenerla y el dinero se habría dado en forma de ayuda. Además, los cuatro mil pesos serían para atender las urgencias del grupo familiar que todavía mantiene la mamá de la beba que ha sido procesada en el Cuarto Juzgado de Instrucción.
Como surge en este contexto, la lógica parece distante del encuadramiento judicial y del papel de las instituciones que deben acudir ante un drama humanitario, sin que se pierda el vínculo familiar aún cuando no sea un grupo bien constituido donde no existe la figura paterna y toda la responsabilidad de crianza de los chicos corre por cuenta de la joven madre abandonada a su suerte.
No es en una comisaría, ni en hogares sustitutos donde se pueden revertir las cosas. Por algo la ley habla de letra y espíritu, es decir, sentido común.