La Corte Suprema de Justicia ha vuelto a desnudar la realidad de la cuenca Matanza-Riachuelo, la mayor contaminación ambiental del país, que afecta en forma directa a más de cuatro millones de personas cercanas a las aguas nauseabundas. El Tribunal pidió rendir cuentas a la inoperante Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante la audiencia pública convocada recientemente a fin de conocer el estado de las obras exigidas a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, en un fallo judicial inédito dictado en 2008 .
El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti tuvo que recordar a Acumar lo que parecería una obviedad, nada menos que una sentencia de la Corte, pero el magistrado observó lo que la opinión pública se pregunta: pasa el tiempo y no hay hechos concretos y puso como ejemplo que la la reconversión industrial sólo alcanza el 30% de lo proyectado y eso es una cuestión política no resuelta, no obstante el cambio de gobierno.
El drama del Riachuelo está cargado de diagnósticos y de intentos de solución, pero la realidad muestra a un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores no obstante los 5200 millones de dólares que se supone fueron invertidos para revertir la situación. Siempre en el saneamiento de la cuenca hubo imprecisiones sobre las inversiones, pero se aprecia apenas un 10% de soluciones habitacionales concretadas, y sólo el 20% de de la sentencia cumplida por la Acumar.
¿Por qué la Corte intervino? Porque los políticos antimineros y los ambientalistas ideológicos miran para otro lado.