Dos meses después del anunció que hizo el gobernador José Luis Gioja, los diputados convirtieron ayer en ley el proyecto del Ejecutivo que establece un cupo de hasta el 10 por ciento de las casas de demanda libre Del IPV para los efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales, es decir la Policía y el Servicio Penitenciario. En contra de la ley votaron el bloque basualdista y el de Actuar. No porque no estén de acuerdo, sino porque pretendían que entre los beneficiarios se incluyera también a los retirados. Finalmente, los adjudicatarios serán solo los que están en actividad. Las cúpulas de Policía y el Servicio Penitenciario tienen que elaborar ahora un listado con los uniformados que estén en condiciones de acceder a la operatoria, para luego presentarla en el IPV.
