El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de los expresidentes de la República, como lo hace actualmente con Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Cristina Fernández, pero esta responsabilidad a cargo de la Policía Federal exhibe un sistema carente de equidad y representa un enorme gasto que debe ser replanteado por las autoridades nacionales.
Es que mientras los tres primeros tienen una custodia de diez efectivos en turnos rotativos, a la expresidenta y su familia la rodean más de un centenar custodios, según lo ordenara ella misma al terminar su gestión, para lo cual creó la División de Apoyo Estratégico conducida por Diego Carbone, su exjefe de seguridad, con la única misión de custodiar a la familia Kirchner. Esta tarea incluye a los 24 efectivos asignados a Florencia Kirchner, sin cargo en la función pública ni trabajo registrado, más los 6 guardaespaldas en torno a su hermano, el diputado nacional Máximo Kirchner y de su mujer Rocío García.
Este dispositivo incluye una gran logística durante las 24 horas del día que se distribuye entre Río Gallegos, El Calafate y la Capital Federal, junto con el mantenimiento de 14 movilidades, sistemas de comunicaciones y viáticos en los traslados, entre otros gastos estimados en casi cinco millones de pesos mensuales. Y todo en función de lo ordenado por un decreto que requiere otra decisión política para derogarlo o corregirlo.
Es tal el desplazamiento operativo, que hasta la misma CFK se quejó con ironía por tanto celo del sistema y en una ocasión intentó echar a los custodios para reemplazarlos por activistas de La Cámpora. Ante este despropósito, el Gobierno nacional evalúa reformular el sistema de custodias especiales y establecer cómo se van a regir en adelante, en base a un estudio preliminar que aconseja reducir en un 30% la custodia asignada a la familia Kirchner.
Pero como esto golpea en la sensibilidad y al bolsillo de los contribuyentes, se creó una campaña en las redes sociales con el objetivo de exigir al Gobierno nacional la reducción la protección de la expresidenta. La plataforma Change.org apunta a conseguir 50.000 firmas para elevar la queja al Ministerio de Seguridad y hasta la semana pasada llevaba alrededor de 40.000 aprobaciones para que este espectacular operativo se reduzca al mínimo y necesario.