La justicia no solo le regala a Correa cifras multimillonarias por el supuesto daño moral sufrido, sino también se le entrega como un instrumento contundente para amordazar a la prensa independiente y disuadir a sus adversarios políticos: La crítica, el disenso y la denuncia en Ecuador tienen un precio. Y muy caro. La Corte Nacional de Justicia dejó en firme una sentencia que condena a tres directivos y a un ex columnista del diario "El Universo” a pagarle al Presidente 40 millones de dólares, de los 80 que había solicitado por reparación moral. Una semana atrás, otro tribunal condenó a los dos autores del libro de denuncias "El Gran Hermano” a pagarle un millón cada uno.

En el primer caso, se trató de una opinión en que se le acusa a Correa de ordenar abrir fuego contra civiles durante el amotinamiento policial de septiembre de 2010. Por su dolor, más allá de si fue verdad o mentira intencionada lo sostenido por el columnista, la justicia interpretó que Correa debe ser indemnizado y que, además, los periodistas deben purgar tres años de cárcel. El caso de El Gran Hermano no es menos grave, pero sí más absurdo. La justicia indemnizó a Correa explicando que está dolido y desconsolado, porque él desconocía los alcances de unos contratos por decenas de millones de dólares entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio, que el libro denunció como un caso de nepotismo y corrupción en perjuicio del bolsillo de todos los ecuatorianos.

Su agresivo discurso público muestra al Correa de siempre, por lo que es difícil percibir su daño moral, algo en lo que los jueces no fueron rigurosos ya que el Derecho obliga a la demostración del daño. Los magistrados jamás exigieron a Correa que argumente sobre su dolor, si su estado de salud física y psicológica está deteriorado, o si vio entorpecidas sus destrezas para gobernar, sus giras por el exterior o las cadenas habituales de los sábados en las que insulta a periodistas y adversarios.

Este caso muestra que en materia de daño moral, las cifras son injustificadas y desproporcionadas al perjuicio causado, máxime en un país donde el salario básico alcanza unos cientos de dólares y donde el Estado suele pactar indemnizaciones irrisorias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que un Presidente, como servidor público, no debería ser más que sus ciudadanos. Además, de la jurisprudencia interamericana se pueden extraer dos principios aplicables a Correa. Primero, que en democracia, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica y, segundo, que las sanciones civiles por difamación deben ser proporcionales al daño, de lo contrario pueden generar un efecto intimidatorio y autocensura.

Correa se metió ahora en un atolladero. Sabe que no puede soportar periodistas presos o en el exilio, ante la fuerte presión de la comunidad internacional y las medidas que dictará el sistema interamericano de derechos humanos para detener este absurdo en contra de la libertad de prensa y expresión. Pero como es audaz y demagogo, y contento por haber demostrado que la razón está de su lado, es probable que se incline a perdonar a sus ofensores, sacando así a relucir un carácter magnánimo y electoralista. Empero, el daño moral que provocó a la figura presidencial, a la prensa y expresión de todos los ecuatorianos, es irreparable.