Una vez más, la provincia se quedó sin la posibilidad de cobrar dinero que le debían. Una auditoría oficial reveló que muchos de los morosos del viejo Banco San Juan (antes de su privatización) nunca fueron demandados y en consecuencia, las deudas prescribieron. Por otra parte, en casos donde sí se inició la ejecución, algunas de las causas caducaron por la presunta responsabilidad de abogados que debían defender los intereses de las arcas públicas. Los datos los dio a conocer ayer el titular de Fiscalía de Estado, Guillermo De Sanctis, que fue quien pidió la inspección. Hace cuatro años se dio una situación similar, que le costó a la provincia millones de pesos.
El resultado de la auditoría amenaza con convertirse en un escándalo. Pasa que, de acuerdo a los datos parciales que adelantó el funcionario, la provincia perdió de cobrar importantes montos de dinero y se generó un perjuicio fiscal por las falencias que hay dentro del mismo Estado.
Los casos bajo la lupa corresponden al llamado Residual del Banco San Juan. Este último se conforma por los particulares o empresas que no pagaron los créditos que pidieron en la entidad financiera cuando todavía era estatal. A partir de su privatización, en el año 1996, los nuevos dueños tenían la misión de cobrarle extrajudicialmente a los morosos y cuando no lo lograban, debían mandar los expedientes a Fiscalía de Estado para que el organismo los demandara en la Justicia Civil.
De Sanctis, que asumió el año pasado al frente del organismo que representa a la provincia en juicios, pidió una auditoría para determinar cómo va el cobro a los deudores. En el programa “A todo o nada” (Radio Colón), contó ayer que hasta el momento se han encontrado con cuatro tipo de situaciones: “Hay muchas demandas que están en trámite, hay deudas que el Banco ya las mandó prescriptas, en otros casos mandó las carpetas a tiempo pero las demandas no se iniciaron y la deuda prescribió, y hay casos donde la demanda se inició y la causa caducó”.
Según dijo el fiscal de Estado, todavía no puede dar precisiones de montos ni cantidad de deuda cobrada o vencida, porque “esto es muy a priori, no tengo el informe final”. Lo que se sabe es que la cartera de morosos al momento de la venta del Banco San Juan era de 198 millones de pesos, aunque hay personas que pagaron y esa cifra se debería haber reducido. Algunos de ellos, le debían al viejo Banco San Juan varios millones.
Los expedientes con las deudas llegaron a Fiscalía de Estado entre fines de los 90’ y la primera parte de la década pasada y la misión del organismo y los abogados que tenían asignadas los casos era demandar a los morosos antes de que pasara el plazo máximo de 5 años que contempla la ley para poder cobrar. Y en el caso de las ejecuciones que sí se iniciaron, la obligación era mantener la causa viva.
Tomando las palabras de De Sanctis, hay casos en donde sucedió todo lo contrario. Por un lado, pasaron los 5 años, los morosos no fueron demandados y la provincia perdió el derecho de cobrarles. Por el otro, en las causas judiciales no se instaron medidas, se dejaron vencer plazos y la Justicia declaró que los procesos caducaron, es decir, quedaron en la nada y directamente pasaron a archivo.
Los nuevos casos recuerdan a lo que pasó en el año 2008. La provincia había demandado a dos deudores del residual del Banco San Juan (Soto y Grynszpan), pero los abogados de Fiscalía de Estado que tenían a cargo las causas incurrieron en inacción (no instaron a que se movieran los procesos) y se declaró la caducidad de instancia. La conclusión fue que el Estado sanjuanino se quedó sin cobrar un peso y encima, fue condenado a pagar 11 millones de pesos de costas por haber perdido los juicios.
Como consecuencia de lo que pasó, la Fiscalía de Estado inició sumarios administrativos y determinó que los abogados Daniel Derca y Cristina Molina fueron negligentes en el manejo de los juicios. Los dos recibieron duros castigos: el letrado fue exonerado del Estado y su colega cesanteada.
De Sanctis prefirió no hablar de responsabilidades por los nuevos casos con nombre y apellido hasta terminar la investigación. Para saber a ciencia cierta a quién o a quiénes les podría caer ese peso, se deben revisar los circuitos legales y los registros de asignación de causas de la Fiscalía de Estado.