Luego de las sucesivas frustraciones en los intentos de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, el mayor gran contaminante de la Argentina en medio de la mayor urbe del país, el viernes próximo comenzará un nuevo capítulo de promesas de recuperación del curso nauseabundo que recibe unos 15 metros cúbicos por segundo de efluentes tóxicos.
Se anuncia una audiencia pública, que tendrá lugar en el Centro Metropolitano de Diseño, donde se expondrá el rediseño del proyecto de limpieza, a ocho años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma, hacerse cargo de esta reparación histórica desde hace 200 años con planes jamás concretados.
El nuevo proyecto de la Acumar, el ente jurisdiccional creado para cumplir con la orden judicial, prevé iniciar otra página de expectativas, poniendo a 2023 como meta de la primera etapa de las obras destinadas a oxigenar el agua en las cuencas alta y media, en tanto se ha proyectado la finalización de todo el programa para los próximos cuarenta años, según el ingeniero Julio Torti, director ejecutivo del ente.
Esperar nada menos que otros 40 años para sanear el río lo justifica Torti en el hecho de que ahora el Riachuelo está peor que hace 100 años, motivo por el que solicita a los afectados no ser impacientes por tratarse de un trabajo de hormiga, similar a los efectuados en el Rin, que atraviesa varios países, al igual que en el Támesis londinense, los ejemplos exitosos tomados de cuencas europeas. Pero fueron políticas de Estado no como nuestras improvisaciones con despilfarros y anuncios irrealizables, como los de las últimas décadas.
Lo único cierto es que el ‘tema ambiental de la Argentina’ como lo califica el titular de Acumar, debió llegar a la Corte por una demanda iniciada por vecinos de Avellaneda y La Boca, luego de ser ignorado en la última década por funcionarios de higiene y salubridad de diferente nivel, nacionales, bonaerenses y porteños y de los políticos y ambientalistas. Frente a tal inoperancia política, debió ser la Justicia quien asumiera la responsabilidad de dar respuesta a los afectados.
La hipocresía de los activistas ideológicos antimineros pone los ojos y las lamentaciones en la cordillera por potenciales alteraciones de medio, mientras conviven en torno al Riachuelo.