La auditoría que solicitó el fiscal municipal de Rawson, Juan José Victoria, sobre la administración que condujo Mauricio Ibarra y Gustavo Rojas, dejó dos puntos sobresalientes: el primero, que falta documentación que determine el trabajo que cumplía un grupo de becarios y el segundo, que existen dudas sobre la legalidad del control en la contratación de camiones y en el personal de la empresa que mantenía el alumbrado público, según destacó el funcionario. Ante esas sospechas, radicó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción Nº4 por la presunta comisión de los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
El fiscal no apuntó contra nadie con nombre y apellido, pero pidió que se abra la investigación y que sea la Justicia la que establezca quiénes son los responsables. Por su parte, el ex intendente Gustavo Rojas, quien reemplazó a Ibarra cuando éste ocupó su banca de diputado nacional, aseguró que “estoy tranquilo porque el municipio tenía todas las presentaciones al día en el Tribunal de Cuentas”.
Luego de que Rojas le entregara el mando a Juan Carlos Gioja, el fiscal ordenó una auditoría que reveló que faltaban los legajos de las personas que tenían becas y que no hubo un control sobre las tareas que realizaban y el horario que cumplían. Inclusive destacó que tras el cambio de gestión, muchos de los becarios no fueron a cobrar más. Además, el informe comprobó que en la contratación de camiones no se verificó el hecho de que hacían recorridas difíciles de cumplir, como 3 turnos de 6 horas cada uno, en un mismo día, explicó Victoria. Por otro lado, el municipio no controló que la empresa GyM, a cargo del mantenimiento del alumbrado público, tuviera a su personal, por ejemplo, con seguro. En el caso de un accidente, el municipio es solidariamente responsable ante una demanda.