A la denuncia de la presidenta de "evidentes intentos de destitución", la Coalición Cívica de Elisa Carrió le devolvió gentilezas pero en el fuero penal.
Diputados de la CC presentaron ayer una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández, todos los ministros de su Gabinete, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el directorio de la entidad monetaria.
La acusación, que recayó en el Juzgado federal Penal 9 que subroga el juez Sergio Torres, es por los Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron usados para transferir reservas del Banco Central al Tesoro para cancelar con ese dinero vencimientos de la deuda externa. Esos decretos reemplazaron a otro que perseguía el mismo fin, que había sido congelado por la Justicia y que la oposición se aprestaba a rechazar en el Congreso.
La denuncia fue realizada por los legisladores Patricia Bullrich, Hilma Ré, Juan Carlos Vega y Fernando Iglesias.
Según los diputados, la maniobra del Ejecutivo "constituyó un claro alzamiento contra lo resuelto por el Poder Judicial (…) independientemente del ardid para saltear la facultad del Congreso de revisar los DNU, tal como claramente estatuye el procedimiento constitucional".
"La circunstancia de que se derogara el DNU 2010/2009 (que creaba el fallido Fondo del Bicentenario) y se anunciara, mientras se estaba procediendo a dar cumplimiento de lo dispuesto en el DNU 298 (que creó el Fondo de Desendeudamiento), al mismo tiempo en el Banco Central, da cuenta del ardid pergeñado desde el Poder Ejecutivo en connivencia con el directorio del Banco Central para evitar que pudieran, ninguno de los otros dos poderes del Estado, hacer absolutamente nada para impedir la transferencia de los fondos de las reservas", señala la presentación.
Según la denuncia, "los firmantes del decreto y los participes necesarios de su implementación" incurrieron en "una desobediencia a una resolución judicial que disponía inmovilizar las reservas hasta tanto el Congreso ejerciera el poder de contralor". Además, sostiene que el Gobierno violó "las normas procesales que otorgan a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva" al no haber esperado la resolución de la Corte y que incurrió en "abuso de autoridad" por ejercer funciones judiciales.