Buenos Aires, 23 de abril.- Una jueza civil ordenó el virtual
cierre de un hogar de menores de edad que pertenece a la
Fundación Felices los Niños, del procesado cura Julio Grassi, a raíz de vejaciones, abusos y malos tratos que habrían sufrido los 37
alojados en ese lugar.
La medida fue dispuesta por la jueza Myriam Rustán de Estrada,
quien ordenó trasladar a todos los niños internados en el Hogar
San José Obrero, situado en la calle Charlone al 700, de esta
capital.
La decisión llega justo cuando se tramita el final del juicio
oral al sacerdote Julio César Grassi, en donde la Fiscalía y las
querellas exigieron penas de hasta 37 años de cárcel para el cura,
acusado de abuso por tres jóvenes que asistían a la sede central
de la Fundación Felices Los Niños.
La causa se inició cuando en setiembre del año pasado un niño
de 8 años intentó suicidarse, aparentemente harto de los abusos y tratos crueles que sufría en el interior del Hogar, según las
denuncias.
La entidad estuvo intervenida desde octubre del año pasado,
pese a lo cual y ante la posibilidad de que fuera devuelta a
personajes cercanos a sus anteriores responsables, la jueza Rustán de Estrada dispuso su desalojo y la reubicación de los niños en otros institutos en el término de 15 días.
Para la jueza, en el Hogar "se instaló la ley de la selva, el
miedo, las amenazas, los golpes y el maltrato, además de las
prácticas sexuales con los más débiles y pequeños (…) Los sacaron de la calle para encerrarlos sin posibilidad de elección, para vivir en las mismas situaciones de impotencia".
"Todos dijeron que querían salir de allí, que los grandes les
pegan, insultan y someten", agregó.
La denuncia sobre lo que ocurría en el Hogar fue formulada por
el obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benítes Astoul,
alertado por el intento de suicidio.
Cuando las autoridades del lugar lograron evitar la trágica
decisión que había tomado el pequeño de 8 años, éste les contó que quería "irse al cielo y terminar con todo esto".
El defensor de menores Marcelo Jalil ordenó el secuestro de
los legajos de todos los niños alojados en el Hogar y, con sorpresa, comprobó que los malos tratos y los abusos aparecían consignados en esos expedientes.
El fallo es también crítico con el rol del Consejo de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del Gobierno porteño.
"Los menores alojados en el hogar venían siendo víctimas de
todo tipo de abuso y para ellos la intervención implicaba una
esperanza y un mejoramiento en su calidad de vida y esto no fue así. Todo lo contrario", sostiene la resolución.
"¿Cómo es posible que los burócratas del Consejo devuelvan la
conducción y responsabilidad a la gente elegida por la misma
Fundación (…) cuando fueron responsables de causar tanto daño a los niños, niñas y adolescentes, cuyos cuidados les fueran
encomendados", se preguntó el defensor de menores.