Solo basta mirar a las sociedades más avanzadas para confirmar que su desarrollo político, social y económico está íntimamente ligado a la tolerancia y apertura de los gobiernos frente a la opinión e información. Por el contrario, no es casual que los países poco desarrollados son los que tienen menores niveles de libertad de prensa y de expresión.
Una mirada profunda y detallada sobre los países latinoamericanos corrobora esta percepción. Aquellos con mejor nivel económico, menor índice de corrupción, más seguridad, mejor acceso a la educación y mayor bienestar emocional, son aquellos donde la libertad de prensa es más respetada. Por otra parte, un grupo inmenso de países cuyos gobiernos creen que tienen el poder de conceder a la sociedad la libertad de expresión, desconociendo que es un derecho natural inherente al ser humano, y el principal que sus Constituciones reconocen y mandan custodiar.
Esa actitud gubernamental soberbia hace que en muchos países se hayan creado leyes y decretos para limitar la libertad de prensa o la libertad de los medios y los ciudadanos a expresarse sin ataduras. Esta es, sin dudas, la forma más exitosa que han encontrado para blindarse, evitar la fiscalización y la rendición de cuentas, valores esenciales de una democracia a los que todos se comprometen durante procesos electorales, pero que luego se olvidan tras asumir el poder.
La libertad de prensa es superior a otros valores, porque ningún otro se puede manifestar y plasmar adecuadamente -educación, salud, seguridad, justicia- cuando la sociedad no tiene el derecho a saber, a opinar, a criticar y a poder presionar para que los gobiernos -simples administradores de la cosa pública- cambien el rumbo o tomen los correctivos necesarios.
Es verdad que la seguridad de la libertad de prensa y la labor de los medios, tradicionales y digitales, va mucho más allá de los desafíos que le imponen los gobiernos. Pero son los gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad, siendo los custodios naturales de las libertades individuales y sociales, tal como lo expresan las Constituciones y todas las declaraciones internacionales, desde la Carta Democrática Interamericana hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
No puede relegarse en el gobierno la responsabilidad única. Por su importancia, la libertad de prensa así como es un derecho de todos, también su custodia debe ser responsabilidad de todos. La mayor cuota de este deber le corresponde a quienes hacen de la información un trabajo cotidiano y profesional -medios y periodistas- y a todo aquel que gracias a las nuevas tecnologías -Internet y redes sociales- ha podido comprobar el poder de la comunicación.
Si bien hay personas, grupos o medios que manipulan esta libertad causando grandes problemas. Pero no por ello deben censurarse, sino todo lo contrario. Los desfasajes de la libertad se curan con mayor libertad, con mayor pluralidad y diversidad de voces porque, en definitiva, la libertad de expresión no es tanto un atributo de quien emite el mensaje sino de quien lo recibe.
