La protesta social siempre se ha manifestado en la Argentina con diferentes modalidades, más allá de las garantías constitucionales en cuanto al derecho de huelga, pero nunca como en esta década mediante los "piquetes" con cortes de calles y rutas, alentados en principio por el garantismo ideológico y más tarde denostado por el propio oficialismo.
Es así que la presidenta de la Nación, en el marco de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el año pasado, instó a impulsar una ley que, sin alterar el derecho constitucional de manifestarse, también permitiera la circulación de personas y vehículos. Se refirió entonces a casos extremos de no poder llegar al hospital ante una emergencia de salud por culpa del piquete. Por algo este Gobierno es el que más protestas de este tipo ha tenido en nuestra historia democrática y los desbordes le hicieron dar marcha atrás con la idea de "no criminalizar” la protesta social.
Tampoco tuvo éxito con diferenciar al piqueterismo legítimo, supuestamente definido como el que no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente educación, seguridad y salud, en el frustrado intento de regular la protesta social. El presidente electo, Mauricio Macri, viene señalando desde hace varios años la necesidad de adoptar medidas para erradicar los cortes de la vía pública y lo que ratificó en la reciente campaña, en tanto Daniel Scioli manifestó que en caso de ganar impondría la "tolerancia cero” al piqueterismo.
La experiencia indica que si bien no se duda de la libertad de expresión existente en un Estado de derecho, también las garantías públicas privilegian el bienestar general sobre el planteo sectorial, una razón de sentido común legitimada por el Código Penal. También se deben tener en cuenta las especulaciones y el oportunismo, dos condimentos piqueteros incentivados en la reciente campaña electoral con un aumento del 43% de protestas en las calles porteñas y 28% más en la provincia de Buenos Aires. Solamente el mes pasado hubo en la Capital Federal 72 piquetes, con un promedio de 3,4 por día hábil, sobre los 56 de septiembre, considerados los dos meses con más protestas en este año electoral. Todo esto sin contar los acampes en plazas y zonas céntricas, o los asentamientos impulsados desde la sombra por ciertos punteros políticos.
Entre tantos desafíos, Macri recibirá esta herencia perturbadora de la paz social y deberá encarrillar el problema entre tantos desequilibrios que nos someten.