Una puñalada trapera. Ni más, ni menos. Según la acepción de la frase: "el asesino, por su acción vil y precipitada, no da una puñalada limpia sino que produce un desgarro en la ropa o en la carne". El caso del ministro de Minería, Felipe Saavedra, a quien una empleada de su repartición denunció por abuso, parece una puñalada trapera a Gioja, de esas que llevan dolor más allá del filo del cuchillo cortando la carne. Y ni hablar de Saavedra, si es que la Justicia dice que no tuvo nada que ver.

Esto, siempre hablando en términos de consecuencias políticas, ya que el abuso denunciado no puede analizarse y mucho menos podría ser materia a debatir en esta columna.

Gioja se debate entre su relación con Saavedra y su obligación como Gobernador; y hasta aquí, hay que decirlo, ha ganado la última opción. El mandatario ya ha pasado por situaciones similares: pocos recuerdan a Francisco León, el ex secretario de Hacienda denunciado en 2005 mientras ejercía el cargo, por robar un kiosco en el Dique de Ullum. A León, Gioja lo sacó del cargo. Obviamente, esta jugada es distinta ya que Saavedra es del "riñón", como se suele mencionar a los más cercanos al mandatario. Con cercanía incluída, Gioja separó momentáneamente a Saavedra del Ministerio, dando una buena señal a la Justicia. Tema arreglado por el momento. Sobre el futuro, el dilema para el mandatario llegará con la decisión del juez Guillermo Adárvez, a cargo de la investigación: Como un absurdo, el mejor resultado para Saavedra puede ser lo peor para la resolución del problema político. Si Adárvez no encuentra pruebas para condenar pero tampoco para desvincular, y resuelve la falta de mérito o decide que debe sobreseer, el problema será de Gioja. El Gobernador se encontrará en la disyuntiva de reponer en el cargo a un funcionario que la gente ya condenó luego de la difusión del caso, pero de su máxima confianza y, a ojo del mandatario, de buen rendimiento. La tercera opción judicial es el procesamiento, que, según el entorno del Gobernador, no tiene dobles lecturas: Saavedra se va del Gobierno. Gioja está entre las espada y la pared contando los días que quedan para la firma del juez.

Laberinto legal

El caso es intrigante, incluso por la forma en la que se dio: el expediente que está en el Poder Judicial todavía no tiene carátula. Lo único que existe hasta el momento es la denuncia en la Seccional 4ta de la joven contadora y la declaración de tres testigos, entre ellos un dirigente peronista, que dicen que el ministro llamó a la profesional a su oficina. Al menos uno de esos testigos asegura que al cabo de un rato la denunciante salió del despacho de Saavedra y que envuelta en lágrimas y muy nerviosa, arrojó papeles sobre el escritorio de la secretaria del funcionario. La secretaria del ministro la acompañó, según las fuentes, hasta un baño del mismo piso, y ahí la mujer le confesó que el ministro quiso abusar de ella tomándola contra su voluntad de la cintura para intentar besarla. Como todo habría ocurrido en el despacho de Saavedra, no hay testigos del supuesto delito. Sí hay versiones coincidentes de los momentos previos y posteriores al supuesto hecho, pero no testigos directos, por lo que el juez deberá escudriñar en la psiquis de los involucrados para llegar a una resolución. Algo nada fácil, porque en definitiva será la palabra de uno contra la del otro. Saavedra, bien asesorado, mandó un comunicado a los medios, entre ellos DIARIO DE CUYO, confirmando que pidió licencia para permitir que la Justicia investigue sin problemas. Y que está a disposición del juez para cuando se lo requiera. Como se acostumbra en estos casos, ya pidió la eximición de prisión, trámite que está en el despacho del juez en estos momentos. Quienes acusan no están dispuestos, según fuentes confiables, a negociar judicialmente nada. La joven se alarmó ante la difusión del caso, pero a su vez se mostró convencida de seguir adelante, lo mismo que su entorno, el que, según dicen y como si fuera una burla del destino, está relacionado también con la actividad minera.

Mala pata para

la comunicación

Si algo le faltaba a la comunicación de la minería, era esto. Si bien nada tiene que ver con las críticas a la actividad, muchos aprovecharon para hacerse eco del tema en, por ejemplo, las redes sociales, donde el caso sonó muy fuerte la semana pasada y fue explotado para mezclar elementos y arrimar adeptos a la antiminería. Golpe bajo, sí. Efectivo, difícil de medir. Incluso, la abogada Silvia Villalonga, militante de la ex Fuci (Fundación Ciudadanos Independientes) y crítica de la minería hasta la médula, ya ha mencionado que se presentará en la Justicia porque tiene datos que aportar a la causa contra Saavedra. Obviamente, datos contra el funcionario. Desde este punto de vista, algunos empresarios del sector dicen por lo bajo que lo mejor que le puede pasar a la actividad es que el funcionario renuncie y se retire. No quieren lidiar con más críticas. Y es lógico que así ocurra. La historia dice que no saben manejar la comunicación, ni siquiera en escenarios favorables.

Como ya se dijo más arriba en esta columna de opinión, el hecho en sí no es materia analizable, ya que es condenable judicialmente. El abuso es un delito y si la Justicia encuentra elementos para condenar, por el bien de todos, debe hacerlo a pesar de cualquier consecuencia política. Gioja no puede circunscribir el hecho a una instancia privada, como dijo públicamente la semana pasada, ya que ocurrió en un despacho oficial, como primer punto, y segundo, se trata de un funcionario en actividad, de quien se espera el máximo respeto a las leyes. Tampoco es correcta la condena pública sin elementos, por ello, el caso tiene múltiples ribetes que expirarán cuando el juez Adárvez ponga el gancho en su resolución. Dicen, esta misma semana.