Los índices del crecimiento económico en la Argentina son incuestionables, según los números oficiales o de consultoras privadas, pero esta prosperidad estadística no se refleja en la población de menores ingresos. El último diagnóstico de la Universidad Católica Argentina (UCA), revela que casi la mitad de la población activa solo encuentra empleo precario.

El estudio señala que para reducir la pobreza y disminuir los problemas sociales se requiere controlar efectivamente la inflación; encarar reformas estructurales que incentiven la formalización de microempresas y eleven los niveles de educación y de formación laboral. Las cifras de la UCA destacan que unos 4,6 millones de trabajadores tienen remuneraciones mensuales promedio de 1200 pesos, la mitad de los 2246 pesos que en abril último necesitó una familia tipo para no caer en la pobreza, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), una de las consultoras multadas por el gobierno por objetar la metodología de medición de la inflación.

En el Primer Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, realizado la semana pasada en Rosario, un encuentro en el que más de 1300 laicos realizaron un severo diagnóstico de la situación social del país, se conocieron los informes regionales con exposiciones que mostraron una grave inequidad en la distribución de la riqueza, ya que la vivienda, la salud y la educación, siguen postergadas en las aspiraciones de millones de argentinos marginados. Es que una mayor riqueza no crea genuinas fuentes de trabajo lo que dificulta mejorar la calidad de vida de los pobres si no median políticas activas que se comprometan con el desarrollo y la justicia social.

Si bien el citado congreso fue más pastoral que académico, las conclusiones serán elevadas a la Casa Rosada como un aporte al diálogo y la búsqueda de consensos que reclaman las autoridades nacionales para atender la marginalidad con una justa distribución del ingreso, promoviendo el desarrollo humano integral. El cuadro trazado estuvo dominado por el problema de la pobreza y, en particular, la falta de equidad social, pero también por la ausencia de diálogo para lograr consensos que permitan encarar entre todos los sectores de la vida nacional una solución para que la economía incluya también a los que están fuera del sistema productivo.

Es probable que los obispos se pronuncien hoy sobre la realidad nacional, al concluir el primer plenario anual, un cónclave que abre expectativas: será la última oportunidad de fijar posición antes de las elecciones generales.