La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación empezará hoy a tratar la modificación del polémico impuesto a las Ganancias, tras la media sanción obtenida de Diputados.

El proyecto eleva el mínimo no imponible para los trabajadores solteros a 33.500 pesos brutos, mientras que para los casados con dos hijos se establece en 44.000 pesos.

La norma, instrumentada en la Cámara baja por la oposición, tiene serias connotaciones políticas porque impacta en la gobernabilidad no sólo de la Nación sino de las administraciones provinciales y municipales, ya que al profundizarse el déficit fiscal el desfinanciamiento alcanzará a todo el andamiaje estatal.

El apuro demagógico de los diputados los llevó a modificar impuestos con estimaciones de cifras carentes de estudios profundos y, peor todavía, en momentos que ya están aprobados los cálculos de recursos y egresos para el ejercicio fiscal 2017.

Por ello existe en esta media sanción de Diputados una grave irresponsabilidad institucional con sólo detenerse en la lógica que llevó a una votación mayoritaria -incluyendo a legisladores sanjuaninos- con el claro objetivo partidario de erosionar a la gestión del presidente Mauricio Macri.

No se observa de otra manera una redacción del proyecto como si fuera una ley dentro de otra, con cinco artículos que disponen por tres años un gravamen a los inmuebles improductivos, por ejemplo, un tema en el cual trabaja el Gobierno para blanquear propiedades y se apunta al fracaso.

Es más, se descalifica al propio Senado, ya que la Ley de Blanqueo fue aprobada en este año legislativo y se consideró un aporte a la gobernabilidad. Igual que la restitución de retenciones a la minería, que puntualmente perjudica a las provincias productoras como San Juan. En esto se ha legislado contra la política destinada a conseguir inversiones, no obstante el daño a las economías regionales.

Los gobernadores y senadores que los representan deben corregir la inconstitucionalidad normativa de Diputados, dejando de lado posiciones partidarias y trabajar con sensatez.

El sentido común indica que la modificación de Ganancias debe rechazarse de plano, pero si el Senado considera variantes, que vuelva a Diputados, de manera que ante el cúmulo de objeciones la razón supere a la demagogia.