Los diputados del oficialismo optaron ayer por considerar la terna de aspirantes al Juzgado de Instrucción Nº 5 tal cual había sido conformada por el Consejo de la Magistratura y designaron en ese cargo a Benedicto Correa, que así se convirtió en el nuevo juez del resonante caso de las expropiaciones. El proceso de nombramiento fue uno de los más polémicos que se recuerde, no por quién fue elegido, sino porque desde distintos sectores objetaron a una ternada por no cumplir con los requisitos constitucionales para ser magistrada. Como el bloque mayoritario no quiso frenar el tratamiento del tema y pedir que sea reemplazada, los opositores se pararon en plena sesión y abandonaron el recinto.
Al resolver la designación, los diputados le pusieron fin al debate que se generó por la abogada ternada y la pelota está ahora en el campo de la Corte de Justicia. Sin plazos, el máximo tribunal tiene que decidir si pone en funciones a Correa en el corto plazo o si se toma algo más de tiempo, lo que permitiría que el juez que viene interviniendo como subrogante en la llamada megacausa, Benito Ortiz, termine lo que empezó.
La causa se quedó sin juez en abril por la jubilación de María Inés Rosselot como titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 y en su lugar está actuando Ortiz. El magistrado le tomó indagatoria al exjuez Carlos Macchi, como sospechoso de haber cometido irregularidades en juicios de expropiaciones que le causaron un perjuicio millonario al Estado, y al abogado Santiago Graffigna, el principal implicado en el escándalo.
Falta que se dirima si los acusados son procesados o no y ahí entra a jugar la Corte y su manejo de los tiempos. Si Correa es puesto en funciones ya, la responsabilidad será de él. Si no, Ortiz podrá continuar a cargo de la causa y dictaminar en base a la declaración que él mismo le tomó a Macchi y Graffigna.
Correa, de 39 años y funcionario judicial, competía por el cargo con Daniel Galvani e Isabel Pérez Palacios, la profesional que fue blanco de todas las críticas. La mujer trabaja en el Poder Judicial de Mendoza y cuando declaró que tiene domicilio real allá, los diputados opositores y el Foro de Abogados salieron a plantear que debía ser dada de baja por no residir en San Juan.
Apenas empezó la sesión, los diputados del basualdismo, el bloquismo disidente, Actuar y el PRO pidieron que el asunto fuera derivado a comisión, con el ánimo de que la terna fuera devuelta al Consejo de la Magistratura para que reemplace a Pérez Palacios por un abogado que sí resida en San Juan. Pero no tuvieron suerte y el oficialismo, con la terna como estaba, lo mantuvo en el orden del día.
Cuando llegó el momento de elegir al nuevo magistrado, los opositores respondieron con lo que habían prometido y se fueron de la sesión denunciando que es inconstitucional que se evalúe a una candidata que no vive en San Juan. Sin compañía, la bancada oficialista puso a consideración a los tres postulantes y se inclinó por unanimidad por Correa. Así las cosas, con 26 votos, fue designado para la vacante que dejó Rosselot.
Correa es actualmente el prosecretario del juzgado que conduce Ortiz y más temprano o más tarde, tendrá la delicada misión de continuar con la investigación del mayor escándalo judicial de la historia provincial. Si bien ya se instruyó el grueso de la causa, queda pendiente dilucidar si hay otros actores que tengan que ver con la supuesta estafa que sufrió el Estado en juicios de expropiaciones. Entre otros, en la mira de la Justicia están los abogados Gustavo Mulet, Carlos Infante y Horacio Alday.