La destitución de Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, y la confirmación de Michel Temer al frente del Gobierno hasta terminar el mandato el 31 de diciembre de 2018, es un punto de inflexión en una compleja trama política, pero lejos de superar una profunda crisis que sigue.
La exmandataria ya apeló judicialmente la decisión parlamentaria ante el Tribunal Supremo por lo que considera un despojo y pidió la anulación del juicio político y, por su parte, el debilitado sucesor debe remontar la conducción de un gobierno frente a enormes desafíos. Lo prioritario es la economía a fin de sacar a flote a la nación revirtiendo la recesión, frenar el desempleo y trazar metas para volver al crecimiento. Esto implica imponer duras medidas de ajuste para lo que Temer necesitará amplio apoyo político y sin aliados que lo acompañen en un frente impopular.
El ahora oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño debe hacer malabares en un escenario complicado en tiempo perentorio, como las elecciones municipales del próximo 2 de octubre. Varios partidos ya comenzaron a tomar distancia de las medidas de ajuste que pongan en riesgo sus votos, aunque quienes conocen a Temer como hábil negociador estiman que lo probable es demorar hasta después de los comicios los cambios estructurales en el gasto público y la reforma jubilatoria entre otros temas polémicos.
Tampoco hay que olvidar que Rousseff no se queda quieta. Ya declaró a la prensa extranjera que recurrirá a la Justicia en todas las instancias contra su destitución, a fin de demostrar su inocencia, y dijo que los próximos pasos los dará en la Corte Suprema ante la que ya apeló el jueves pasado. Esa primera acción exige anular la votación del Senado en que fue despojada de su investidura, al menos hasta que el propio tribunal se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la sentencia del juicio político.
De todas maneras esto llevará su tiempo, porque la Justicia debe pronunciarse sobre la supuesta ‘incompetencia’ e ‘ilegalidad’ de los artículos de una ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que con su voto declararon culpable a la expresidenta. Recién entonces, se deberá decidir si esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra Rousseff como garante constitucional del proceso.