Luego de presentar declaración indagatoria en la causa penal que se les sigue, instada por el Arzobispado de San Juan a raíz del desfalco que sufrió en sus cuentas oficiales por la desaparición de entre 500 mil y 700 mil pesos, uno de los implicados, el CPN Juan Brozina, hizo declaraciones a DIARIO DE CUYO el 20 de marzo de 2016, en la que difundió algunos conceptos rimbombantes, ostentosos, pero a mi juicio muy poco felices, controvertidos, mendaces y por sobre todo aventurados, proclives a comprometer su responsabilidad -al menos profesional-, tales como:
A) Reconoció puntualmente que transfería dinero de la entidad a su cuenta sueldo; B) Lo hacía con la finalidad de cumplir con las exigencias que desde el Arzobispado le imponían para cubrir gastos que no se podían blanquear o justificar, ya que si se conocía su verdadero destino, iban a constituir un escándalo mayúsculo, difícil de imaginar; C) Que esos gastos impropios no los había declarado en el Juzgado todavía…; D) Sabía, por ser contador, que manejar el dinero de esa forma era una irregularidad, pero lo hacía porque cumplía una ‘instrucción de su superior’; E) No denunció esas supuestas irregularidades por que ‘necesitaba el trabajo’; F) Finalmente, rescato una frase ‘deprimente’, al manifestar que le da impotencia… porque frente a la figura del Arzobispo, él es Juan Brozina, nada más. Esta es la síntesis periodística.
Sabemos, como decía Renard, que el derecho es un ‘orden social justo’. En tres palabras se resume un enorme contenido legal, ético y moral. Para quienes somos creyentes, la existencia del hombre es consecuencia del amor de Dios.
Pero puestos en esta tierra, el hombre debe convivir con otros en un ambiente donde debe desplegar sus potencias para conseguir los fines intermedios o naturales, que nos proponemos continuamente y que nos proporcionan cierta felicidad temporal: satisfacción de aspiraciones, necesidades, placeres, cumplimiento de deberes, etc.
El principio del libre albedrío se inmiscuye en diferentes campos, entre otros, el de la ética y el de la moral. En ambos casos se mide la responsabilidad del individuo desde las normas de conducta que debemos cumplir o desde lo que nos dicta nuestra conciencia. Siempre que haya habilidad de adoptar o elegir entre distintas alternativas (libertad, que le dicen), habrá responsabilidad ética y/o moral.
En función de las afirmaciones precedentes, brindadas por el propio interesado, me detengo un momento, para llegar a algunas conclusiones:
1- Reconoció expresamente haber transferido dinero del Arzobispado a su cuenta sueldo, cuenta particular. Esa confesión espontánea ha sido formulada ante la sociedad, por medio de la prensa. Admite haber despojado o defraudado al Arzobispado de San Juan, en sus dineros. Más allá de las excusas que luego ensaya, lo cierto es que el profesional tuvo plena libertad y raciocinio para perpetrar la maniobra presuntamente ilícita; existió en el libre albedrío.
2- La decadente afirmación de no haber resistido una supuesta instrucción del Superior (no creíble a mi juicio), por necesitar el trabajo para vivir, muestra un posible deterioro ético y moral que permite efectuar un severo reproche de la misma naturaleza, pues -echando mano a una tradicional frase- el fin no justifica los medios. Tal vez allí esté la explicación de porqué él es solo Juan Brozina y nada más.
3- Sostener que todo se debió a una maniobra orquestada desde el Arzobispado, para blanquear pagos que no debían o no podían hacerse. El desparpajo proveniente del doble hecho de no haber actuado como lo mandan las normas de su profesión, de haber sido cierto lo expresado; y de haber omitido -ex profeso- el relato de esas circunstancias ante el Juez de la causa, al momento de prestar su declaración indagatoria. Como se sabe, la indagatoria es el acto de defensa material, por excelencia, con que cuenta aquél a quien le imputan un hecho ilícito. Y es una buena oportunidad que se tiene para aportar todos los elementos con que uno cuenta, para tratar de ‘zafar’ de la imputación. En esa oportunidad contaba con todas las garantías que le brindaban la ley procesal, el Código Penal y la Constitución nacional y provincial. Esas inexcusables inacciones, hacen que el relato sea de dudosa credibilidad. Cuando tengo la oportunidad de defenderme personalmente de hechos que se me imputan, no guardo ‘nada’ en pro de mi defensa e inocencia. No juego a las ‘escondidas’.
Sabemos que es un honor y enaltece ejercer con dignidad una profesión, cualquiera sea ésta. Asumimos ante la familia, la comunidad de los colegas, y la sociedad, un compromiso personal, ético y moral respecto de un conjunto de principios fundamentales que debemos respetar. Hablamos de la ética.
Ya pasaron los tiempos de creer que por estar bajo el esquema de una profesión liberal, se puede hacer lo que mejor nos parezca. No podemos torcer el fin lícito que la ciencia o disciplina conllevan, pues el ejercicio profesional está perfectamente acotado con un contralor efectivo.
En este contexto hacemos una última reflexión: no es la idea de esta nota involucrarse con la faz penal o civil del problema, que deberá dirimirse ante los jueces competentes, sino con la ‘profesional’. Si el ejercicio de la profesión no es lo que a mi me da la gana que sea; si ese ejercicio debe enmarcarse en normas éticas y principios morales, de conciencia; si el único objetivo de cualquier profesión es el de prestar un servicio lícitamente; el de hacer el bien, seguramente debe haber algún Colegio Profesional u organismo, estatal o paraestatal, que ponga fin a esos desvíos escabrosos que no hacen más que continuar profundizando el quiebre ético en el está inmerso el país. El silencio o la inacción, no será la mejor solución al conflicto profesional suscitado.