Guillermo Vélez es insulino-dependiente, padece problemas cardíacos y una retinopatía diabética progresiva. A sus 64 años, basándose en la expectativa de corta vida que le señalaron los médicos, el barilochense realizó un pedido a la Justicia para que le otorguen “el beneficio de la eutanasia”.
En efecto, el juez de Amparo de Bariloche Jorge Serra analiza el recurso pedido por Vélez, aunque en la Argentina no es legal, a diferencia de la muerte digna, que cuenta con una ley habilitante desde 2012 y que sentó precedente el 7 de julio pasado cuando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la aplicación de esta ley para el caso de Marcelo Diez, un neuquino de 51 años que pasó 21 años en estado vegetativo, y murió por una infección general cinco horas después de dicho fallo.
Vélez explicó que realizó la presentación sin asesoramiento ni patrocinio legal y sin conocer qué camino adoptará el caso.
“Es una decisión drástica pedir la eutanasia, pero no tengo alternativa. Esta es una penosísima y dolorosísima enfermedad, no tengo solución ni mucho para elegir. No existe ninguna contención en el hospital, nunca me llega la insulina ni las tiras reactivas del Programa Pro Diabetes que manda la Nación a través de la provincia”, expresó Vélez.
El barilochense vive en una modesta casilla prestada en el Oeste de Bariloche, sin luz ni gas, y cuenta con el acompañamiento de su exmujer, Beatriz Oyarzún, quien presentó el lunes pasado el recurso de amparo en su nombre, ya que Guillermo no pudo bajar del auto para concurrir por sus propios medios.
Vélez dijo que consulta “en el Programa por sus medicamentos e insumos y le dicen que las partidas fueron enviadas a Río Negro. Pero desaparecen, no llegan nunca. Y esto les pasa a muchos”, y comentó que ya había cursado otros recursos por medicamentos y cobertura social, siempre sin resultados.
Según informó, hace nueve años que espera por un amparo de salud ante la Cámara Laboral local: “Este recurso no puede demorar más de 24, 36 ó 72 horas, nunca nueve años. Y cuando un juez resuelve, el hospital o la Provincia no hacen caso”, expresó.
“El hospital no cumple la Ley del Diabético, que ordena proveer todo lo necesario a los pacientes para que puedan llevar una vida normal. Así en los últimos dos años fui empeorando, tuve dos infartos y estoy perdiendo la visión”, relató.
También inició un “juicio sumarísimo” al quedar desempleado, pero ya lleva 15 meses esperando sin suerte alguna novedad sobre la causa, razón que también lo lleva a sentirse desahuciado y terminal. Vélez argumentó que por su condición de militante justicialista fue despedido dos veces de la administración provincial. La primera fue tras el golpe militar de 1976, cuando también fue preso y perseguido y debió exiliarse; tras haber sido reincorporado en 2011, pese a su enfermedad fue cesanteado nuevamente a finales de 2013, por lo que se quedó sin cobertura social de ningún tipo.
“Tal vez el próximo infarto me salve de la eutanasia”, afirmó con amarga ironía el hombre que asegura estar cansado “de esta vida indigna”. “Trabajé toda mi vida, no soy suicida, no me voy a quitar la vida por mi propia mano. Pero no puedo vivir así”, dijo el hombre desconsolado.