‘La causa no está lenta, se han pedido medidas de instrucción porque no podemos salir a detener a alguien porque sí. Tenemos que ser justos. Y la demora se debe a que la psicóloga del Poder Judicial atiende por turnos y esta semana se le haría un estudio a la víctima’. La frase la dijo ayer el fiscal de Instrucción, Daniel Guillén, quien salió al cruce de las versiones que indican una supuesta demora en resolver el caso de un presunto abuso sexual que habría cometido un guardia de seguridad contra un empleado discapacitado de ‘Autotransporte San Juan’.
Tal como anticipó este diario, el caso fue denunciado el 10 de agosto por la familia de la presunta víctima, un hombre de 50 años con síndrome de Down severo, que no sabe leer ni escribir y que trabaja en el predio de esa firma en calle Güemes 1440 Sur, Capital. En ese lugar, el hombre es donde habría sido abusado en dos oportunidades: el 29 de julio y el 5 de agosto, indicaron fuentes judiciales.
Supuestamente, Juan Pereyra (28), el sospechoso, lo hizo quedar después del horario de salida y lo llevó al baño, donde lo obligó a practicarle sexo oral. El ingreso de ambos a los baños habría quedado registrado en las cámaras de seguridad, explicaron. La supuesta víctima luego le contó a un compañero, esto llegó a su familia y después, ante un escribano, sus parientes enfrentaron al guardia, quien reconoció todo a cambio de renunciar y de que su familia no se enterara. Pero tras la denuncia, la familia del discapacitado no habría quedado conforme porque pidieron en el Quinto Juzgado de Instrucción una Cámara Gesell y aún no se resuelve, dado que la ley no contempla practicarlo en personas especiales. Ante esto, Guillén dijo: ‘Tenemos que saber primero si la víctima padece el síndrome y qué grado. Hay que ver si puede declarar sola, con su tutor o con una psicóloga. Hasta podemos pedir una Cámara Gesell. Estas medidas son para contener a la víctima y para saber si tiene o no viciada su voluntad o si hubo un engaño o coerción’.