En realidad en Mendoza -en definitiva en la regional Cuyo- sigue sin haber jueces tras las rejas por su participación en recordados casos de denegación de justicia o indiferencia ante crímenes de lesa humanidad durante los tiempos aciagos del denominado Proceso Militar.
Sin embargo, ha vuelto a activarse aquí la presión -del propio aparato de la justicia federal y de abogados de los Derechos Humanos- sobre un grupo de camaristas acusados de haber omitido justicia en esos días de terror y muerte. Es que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, volvió a citar a los jueces Otilio Romano, Julio Petra y al magistrado "ad hoc" Carlos Perellada, para declarar como acusados de mal desempeño en sus funciones.
La jueza sanjuanina Margarita Camus -víctima en uno de los casos de crímenes de lesa humanidad que se investigan en San Juan-, opinó ayer que es un paso adelante porque desde hace tiempo que piden el apartamiento. Además aseguró que uno de los nuevos designados es el camarista sanjuanino Hugo Echegaray.
Si bien aún no precisó la fecha, específicamente se llama al banquillo a los tres jueces a raíz de un cúmulo importante de denuncias en su contra en las que se les imputa no haber actuado como les correspondía durante la última dictadura, en casos de detenciones, torturas y desapariciones.
La Comisión del Consejo oirá a los camaristas supuestamente implicados y definirá el contexto legal y el proceso de juicio político a los acusados Romano -un verdadero pope de la justicia federal regional desde hace más de 30 años- Petra Fernández, Perellada y Alfredo López Cuitiño. Estos últimos ya habían sido separados la semana pasada por sus colegas de la Cámara de Casación Penal de las causas de delitos de lesa humanidad, por "demoras injustificadas en la tramitación de esos expedientes" en los que se investigan los hechos de los años del Proceso.
Además, estos nombres no resultan ajenos a la conmoción que aquí vive la justicia federal desde hace ya un par de años: la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ya había decidido separar el mes pasado al juez Walter Bento -que activó la causa en la que imputó a los magistrados Luis Miret y Otilio Romano sospechados de haber sido cómplices de la dictadura militar- y el apartamiento fue decidido por los integrantes de la Cámara, precisamente Julio Demetrio Petra y sus colegas Miguel Ángel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo (de San Juan). Estos últimos, respondieron a un pedido de recusación hecho por el propio Romano -uno de los jueces acusados- que adujo una enemistad con el juez federal.
No son casos aislados: a Miret se lo imputa por 31 hechos en concurso real, por faltar a la obligación de juez federal y no haber investigado en su momento 7 desapariciones de ciudadanos en tiempos del Proceso Militar. Otilio Romano está imputado como partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad. Además, Miret está acusado por no investigar 15 presuntas privaciones ilegítimas de la libertad y seis casos de presuntas torturas.