La demora en el comienzo del próximo megajuicio por delitos de lesa humanidad, que aún no tiene fecha de inicio, hace temer a abogados y agrupaciones de derechos humanos de la provincia que 10 acusados y procesados por haber cometido crímenes brutales, torturas, violaciones y hasta la desaparición de personas queden en libertad, con el consiguiente peligro de fuga. La razón es que, según la legislación vigente, salvo contadas excepciones, un detenido no puede permanecer más de 3 años entre rejas sin haber sido sometido a un proceso. Ya hay un antecedente reciente, el del militar retirado Juan Carlos Méndez Casariego quien, con este argumento, fue liberado en marzo pasado por disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los que ya superaron los 3 años años detenidos son Rubén Arturo Ortega, Eduardo Daniel Cardozo, Juan Carlos Coronel, José Hilarión Rodríguez, Juan Carlos Torres, Cruz Alejandro Olmos, Darvin Vianor Mejías, Nicolás Damacio Manrique, Oscar Amidey y Walter Amadeo Melo, todos detenidos, según señalan las crónicas periodísticas, entre julio de 2011 y julio de 2013. En el caso de Ortega, incluso, en el próximo mes de julio va a cumplir 5 años apresado sin que haya sido sometido a juicio. Entre los delitos que le imputan se encuentran los de secuestros, torturas y hasta la desaparición de personas, como el caso de la joven Marie Anne Erize.

La Ley Nro. 24.390, referida a los plazos de la prisión preventiva, luego modificada por la Ley Nro. 25.430, señala en su primer artículo que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor”. No obstante esta legislación, hay jurisprudencia que señala que la detención se puede seguir prorrogando, aunque no de manera indefinida.

El problema, según advierten fuentes judiciales, es que el calendario sigue corriendo y el inicio del megajuicio se sigue dilatando. Es porque si bien hay tribunal designado, integrado por Alejandro Piña y Raúl Fourcade, que ya tuvieron actuación en al anterior proceso, y la puntana Gretel Diamante, hay planteos de las defensas que cuestionan, precisamente, que dos miembros ya actuaron en el proceso anterior. Por eso motivo, sostienen, ya tendrían opinión formada porque terminaron condenando a los acusados. La palabra la tiene ahora la Cámara Nacional de Casación Penal, que debe convalidar el nombramiento de los magistrados, y recién después se podrá fijar la fecha para el inicio del debate.

El antecedente más reciente de la liberación de un detenido fue el de Méndez Casariego, excarcelado por disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal. Los integrantes de la Sala Tercera de dicha cámara, formada por Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Juan Carlos Gamignani, señalaron en su resolución que “el imputado lleva más de 4 años con prisión preventiva y el tribunal que interviene ni siquiera se encuentra integrado para la realización del juicio, el cual, por cierto, no se avizora como pronto a celebrarse”. El excoronel había sido apresado el 15 de agosto de 2011, sin que a la fecha hubiera sido enjuiciado. Como ese caso, ahora hay 10 detenidos más.