Otra vez, el municipio de Ullum está bajo la lupa por el ejercicio contable del año 2012. Cuando parecía que las presuntas irregularidades detectadas en compras y contrataciones de la comuna iban a quedar en la nada, los diputados decidieron involucrarse en la cuestión. Con el OK del oficialismo, ayer le pidieron al Tribunal de Cuentas que les mande los expedientes de la polémica y si confirman las sospechas de que hay firmas falsificadas, podrían denunciar la situación a la Justicia Penal.
El pedido de informes dirigido al organismo que controla la legalidad del gasto público fue impulsado por el bloque basualdista y contó con el apoyo unánime del resto de los bloques legislativos. La iniciativa tomó estado parlamentario y podría haber sido derivada a comisión, pero la mayoría oficialista aceptó el pedido de los autores y se trató y se aprobó sobre tablas ayer mismo.
La decisión de los diputados vuelve a poner en la mira a la administración del intendente ullunero, Daniel Albarracín. Todo se debe a una pila de expedientes de contrataciones y compras en los que técnicos del Tribunal de Cuentas advirtieron que, a simple vista, las firmas de los proveedores no coinciden con las que se estamparon en los recibos de pago. Eso hace sospechar que alguien las podría haber falsificado para cobrar y hasta hace dudar si los servicios realmente se prestaron o si fue algo simulado con la sola excusa de facturarle a la comuna.
Los miembros del Tribunal de Cuentas terminaron aprobando este mes el ejercicio 2012, pero hicieron una salvedad con los expedientes en cuestión. El presidente del organismo votó para que sean enviados al juez Penal de turno, a los efectos que investigue si hubo delito, pero los demás integrantes decidieron mandarlos al Concejo Deliberante del departamento. En ese ámbito también hay polémica: el presidente del cuerpo, Alfredo Carrizo, dice que la documentación no llegó y que el Ejecutivo no deja que se compulse, mientras que desde el entorno del intendente afirman que la mayoría de ediles llamó uno por uno a los proveedores y que ninguno denunció que le falsificaron la firma.
En la sesión de la Legislatura, donde se trataron otros temas (ver recuadro) el diputado departamental por Ullum, el basualdista Leopoldo Soler, quien mantiene un fuerte enfrentamiento político con Albarracín, fundamentó el pedido de informes en que “si las irregularidades existen, amerita que la Justicia investigue y haga pericias caligráficas para ver si se cometió delito”. Y en ese sentido adelantó que si al revisar los expedientes verifican las sospechas, él mismo hará una denuncia en Tribunales.
No es el primer caso de supuestas anomalías en la actual gestión ullunera. Una contratada del municipio acusó al intendente de crear una empresa fantasma a nombre de su hijo discapacitado para cobrarle servicios a la comuna y dijo que los importes llegaban a los 50 mil pesos por mes. La causa está en manos del juez de Instrucción Nº 1, Benito Ortiz, quien busca determinar si el chico era usado como pantalla para facturarle al municipio servicios que no se prestaban.