La nueva herramienta financiera que impulsa la gestión de Sergio Uñac para que los empleados públicos puedan ampliar sus viviendas estará lista en unos 60 días. Se trata de créditos de hasta 150 mil pesos que entregará la Caja de Acción Social para la compra de los materiales de la construcción, con un plazo máximo de devolución de 4 años y una baja tasa de interés. El fondo que se constituyó para prestar asciende a 20 millones de pesos y la idea es ir renovándolo al ritmo del recupero. Así, tras más de una década, el Estado provincial volverá a tener una operatoria con esta finalidad.

Los créditos para ampliación o refacción eran concedidos antiguamente por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), hasta que el organismo les puso fin para concentrarse en los préstamos individuales orientados a levantar de cero una casa. Aquellos apuntaban a todos los que cumplieran los requisitos de ingresos mensuales y no era obligación que tuvieran relación laboral con el Estado; mientras que la nueva línea será únicamente para los empleados públicos. Esto, porque la Caja de Acción Social puede disponer nada más que de ayudas para los agentes estatales y se las descuenta por planilla.

Según el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz, se afectarán 20 millones de pesos y los estatales podrán empezar a pedir los créditos en unos dos meses. El Gobierno ya definió las condiciones de pago y ahora resta que implemente un proceso administrativo para conformar una nómina de proveedores habilitados a venderles insumos a los que resulten beneficiarios.

Los créditos son blandos, como todos los que otorga el organismo que controla los juegos de azar en la provincia. Se podrán cancelar hasta en 48 cuotas, con una tasa de interés del 2 por ciento mensual (algunas tasas del mercado financiero ascienden a 4 por ciento en el mismo periodo). El monto de dinero a prestar en cada caso y el plazo de devolución se autorizarán dependiendo de los sueldos de solicitante y el garante, que también debe ser un trabajador dependiente del Estado.

La operatoria tendrá algunas características particulares. La plata será sólo para adquirir materiales y los solicitantes tendrán que presentar tres presupuestos de empresas que integren el listado autorizado por el Gobierno. La repartición que dirige Ruiz elegirá la oferta más barata y le hará el desembolso al proveedor, por lo que la plata no pasará por las manos del beneficiario del préstamo.

Para la Caja de Acción Social es algo inédito, ya que es la primera vez que prestará plata para ampliar una vivienda. Históricamente dispuso de sumas más chicas que generalmente son para libre consumo, cuyo límite actual es de 30 mil pesos.

Con esta medida, la gestión uñaquista busca una alternativa más barata para aquellos estatales que quieran renovar o modificar sus casas. Y al inyectar una suma millonaria al mercado, también pretende darle más impulso la actividad de la construcción y generar nuevos puestos de trabajo.

El universo de potenciales beneficiarios es de entre 35 mil y 40 mil agentes públicos, contando todos los estamentos del Estado. En ese grupo están comprendidos los trabajadores del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además de los que pertenecen a organismos descentralizados que tienen convenio con la Caja de Acción Social y los que se desempeñan en los municipios.