Se dio el peor escenario. La Corte Suprema de EEUU rechazó ayer intervenir para revisar un fallo que ordenó a Argentina pagar 1.330 millones de dólares a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001, lo que prácticamente agota las posibilidades legales del país para evitar ese desembolso. Pero además puso al país en riesgo de entrar nuevamente en default, y lo más grave, abrió la puerta para futuros reclamos al sentar este histórico precedente. Y como si esto fuera poco, también rechazó otra apelación de Argentina en una causa paralela a la principal que obliga a identificar -como piden los fondos buitres- bienes potencialmente embargables alrededor del mundo de donde podrían echar mano para cobrarse.
Justo a la hora señalada, las 9.30 de Nueva York, 10.30 de Argentina, los altos magistrados ratificaron una sentencia en primera instancia confirmada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en agosto pasado.
El fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa condenó a la Argentina a pagar el cien por ciento de la deuda a los fondos Aurelius y NML Capital, que maneja el financista Paul Singer, y otros holdouts, en efectivo y en un solo pago.
Con esta decisión de la Corte estadounidense, el caso vuelve al juez Griesa que había dejado en suspenso la orden de pago hasta conocerse la palabra del tribunal supremo. Ahora debe resolver cuándo y cómo Argentina debe pagar.
El escenario más optimista sería que el juez llame a las partes a negociar la efectivización del desembolso o consulte a los abogados que représentan al país para escuchar la propuesta argentina para habilitar el pago.
Al haber solicitado la apelación del fallo de Griesa ante el Máximo Tribunal de EEUU, Argentina ha agotado las posibilidades judiciales. Aunque sí puede solicitar una revisión del caso en los próximos 25 días, los expertos aseguran que la Corte Suprema nunca ha aceptado revisiones cuando ya ha decidido no considerar un asunto.
‘Ésto no va a suceder nunca. Se trata del final del camino para Argentina, ahora todo corresponde al juez Griesa‘, dijo Richard
Samp, abogado de la Washington Legal Foundation y cercano a los fondos de inversión demandantes, en una conferencia.
Si Argentina optara por insistir con la apelación en la Corte de EEUU, ganaría tiempo para intentar una negociación con los fondos buitre ya que tiene un plazo de 25 días de plazo. Aquí la clave sería lograr un acuerdo con los bonistas para pagarle después de diciembre de 2014 cuando vence la cláusula contenida en el canje que desactiva cualquier posibilidad de reclamo por mejoras en la reestructuración de deuda.
Si Argentina no paga entrará técnicamente en default. También estaría en riesgo toda la reestructuración de la deuda si los holdouts, que ahora también tienen luz verde para embargar bienes argentinos, decidieran interceptar el desembolso por 228 millones de dólares que tiene que activar Argentina el 28 de junio próximo para pagar a los bonistas que sí entraron al canje. El Gobierno de Cristina Fernández había advertido que un fallo en contra de Argentina abriría la puerta a reclamos de la deuda en default por hasta 15.000 millones de dólares, sumando los intereses, pero esa cifra puede trepar a 100.000 si reclaman los bonistas que entraron al canje con una quita del 75 por ciento. (DyN, EFE, Reuters)