La Corte de Justicia cesanteó a una empleada que trabajaba en el Primer Juzgado de Menores, debido a que, según el sumario administrativo, cobró 2 cuotas alimentarias que le pertenecían a 2 mujeres que eran beneficiarias de ese régimen, aseguraron fuentes judiciales. La implicada se llama Teresa Alonso y cumplía funciones en la sección Libramientos (el área que entrega los cheques u órdenes de pago). Pero además de ser despedida, la mujer enfrenta, por esos hechos, una causa en el Tercer Juzgado de Instrucción por la sospecha de cometer el delito de peculado (sustraer dinero que estaba bajo su custodia) y falsificación de instrumento público.

La maniobra que habría desplegado consistía en tomar el libramiento de una beneficiaria de la cuota alimentaria y colocar el nombre de otra persona. Esta última iba a cobrar el cheque y luego le entregaba el dinero a la sospechosa. Las fuentes señalaron que el expediente que maneja el juez Guillermo Adárvez está a punto de resolverse, pero la mujer acumula 2 hechos más, los cuales también se encuentran en trámite en otro sumario administrativo y bajo investigación en el mismo juzgado penal. Los delitos que le imputan son excarcelables, es decir, en el caso de que recaiga una condena no iría a prisión. En Tribunales recordaron que no es el primer antecedente de un empleado judicial que, en el desempeño de sus tareas, debe rendir cuentas ante la Justicia (ver aparte).

El caso salió a la luz en abril de 2011, cuando una mujer fue al Banco San Juan con una orden de pago del Primer Juzgado de Menores para cobrar la cuota alimentaria de 1.800 pesos y encontró la cuenta sin fondos. Luego, la damnificada y su abogado descubrieron que alguien había reintegrado el dinero y ante esa irregularidad, informaron al juez Carlos Guido Ramírez, quien a su vez puso en conocimiento a la Corte de la situación. A partir de ese momento se desató el sumario administrativo que detectó otra maniobra similar por 300 pesos y la lupa se centró en Alonso como responsable del área. La investigación interna culminó con la cesantía y el máximo tribunal decidió enviar las actuaciones a las Fiscalías de Instrucción Nº 1 y 3, cuyos titulares pidieron que se abra la investigación penal contra la mujer.