El escándalo por la comercialización ilegal de remedios conocida como la "mafia de los medicamentos" dejó fuera de circulación ayer a un funcionario del área de Salud del gobierno de Daniel Scioli en Buenos Aires y número dos del ministro del área, Claudio Zin.
Se trata del subsecretario de Contralor Sanitario, Alberto Costa, quien fue vinculado a la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.
"La prueba fundamental (contra Costa) está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV", contó Oyarbide.
El juez detalló que "también se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque eran medicamentos que el Ministerio de Salud debe entregar en forma gratuita" y precisó que en la Obra Social Bancaria (OSBA) se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente y habían sido vendidos por la droguería San Javier".
El magistrado relacionó a Costa con el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la Droguería San Javier, principal sospechoso en la causa y a quien la ex ministra de salud de la Nación, Graciela Ocaña, llamaba "el Yabrán de los medicamentos·".
Oyarbide explicó que los medicamentos habían sido vendidos a la Policlínica Bancaria "por la droguería San Javier, que figura como protagonista de la venta, y entregado por Baires Med, vinculada a Sebastián Forza", el empresario que apareció asesinado hace un año en el denominado Triple Crimen de General Rodríguez.
"Lorenzo no se privó de hablar con nadie. Burló varios procedimientos, pero en este caso no pudo", dijo Oyarbide quien remarcó que la causa "es de extrema gravedad" porque afecta la salud pública.
En declaraciones a la prensa al salir de su domicilio, el juez destacó que además "existen escuchas telefónicas sabrosas y atinentes entre el ex Superintendente de Salud Héctor Capaccioli y el empresario Gabriel Britos".
Tras conocerse la vinculación que hizo el juez entre Costa y Lorenzo, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin le pidió la renuncia.
Por su parte, Graciela Ocaña, afirmó que "hay 400 denuncias por medicamentos adulterados en la Administración Nacional de Medicamentos".
"Además de remedios oncológicos y vinculados al HIV, también aparecen medicamentos para enfermedades crónicas que no cumplían con la cantidad de droga necesaria para tener efecto" y en todos ellos aparece vinculado el nombre de Farma Group, "la droguería de la cual era socio David Ferrón", aseguró.
Ferrón, junto con Forza y Leopoldo Bina, son los asesinados en General Rodríguez en un hecho en el cual se los vincula con la importación de efedrina, que se usa para la fabricación de las llamadas drogas sintéticas.
Por último, Oyarbide informó de las escuchas telefónicas "resultan diálogos sabrosos y atinentes entre el empresario Daniel Britos y el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, al cual echaron del Gobierno".