Nuevamente se está generando un nuevo escenario político con la aviesa intención de politizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio de los jóvenes y adolescentes para atribuirles, con fuerza de ley, la irrupción del espacio académico, y de esta manera generar más situaciones conflictivas en los establecimientos educativos.
La escuela, en su génesis, siempre fue el ámbito, que en su sola mención, inculcaba respeto en el ámbito familiar y social y con el transcurrir de los tiempos fue considerada para otras actividades como lugar de resguardo y protección de personas frente a desastres naturales, centro de charlas o actos para-escolares, o lugares de votación en las elecciones políticas.
Pero resulta que ahora se la quiere llevar a ser poco menos que una unidad básica o comité político, pues en ellas, serán destinadas a alojar, en la práctica, los centros de estudiantes que deberán funcionar con el criterio y la voluntad de quienes sean elegidos por sus pares estudiantiles.
Y ocurre en estos momentos donde el tema excluyente en ese ámbito es la captación de alumnos que recientemente han sido incorporados al padrón electoral, para que puedan intervenir como autoridades en las mesas electorales, en los turnos del 11 de agosto y del 27 de octubre, a cambio de ese emolumento establecido por el Ministerio del Interior y Transporte, quien dispondrá de 24 meses para hacerlo efectivo.
El avance de conductas rayanas con la militancia política, es una de las tantas señales que nos muestra cómo el ejercicio de cargos públicos electivos o no, no conoce ni acepta límites en ningún ámbito y mucho menos en la Educación.
Elaborar, sancionar y promulgar leyes que transformen a estudiantes en denunciantes y a las autoridades escolares, que son personas formadas académicamente, en denunciadas, porque su forma de conducir la unidad educativa no compartirá motivos, razones o momentos para relegar los tiempos educativos en pos de debates políticos-democráticos de esos jóvenes que tienen otros intereses más allá que el estudio.
Legislar para que un adolescente pueda, por atributo legal, denunciar ante autoridades provinciales o nacionales, a un directivo; es a todas luces utilizar a estos jóvenes para anarquizar el sistema educativo, porque esas leyes ¿de qué manera se compatibilizan con aquellas normas que conducen a la educación del soberano?
Ese proyecto de ley impone "’garantizar” la creación y funcionamiento de esos centros de estudiantes en las escuelas, pero ¿no sería más ético y saludable para la conciencia social "’garantizar” que en los establecimientos educativos se organicen tareas y actividades extracurriculares de formación ciudadana, reuniones temáticas, foros o congresos interescolares que aborden las problemáticas y las deficiencias que muestran las realidades provinciales y nacionales, en todos los ámbitos, y en especial en la educación?
¿No es más progresista ayudar a los educandos para que no sólo sean depositarios del quehacer educativo, sino, también, convertirlos en actores protagónicos de su propia educación?
Quienes tienen la delegada tarea de legislar, ¿no pueden pensar y considerar que para sus hijos y los del prójimo, primero está la educación y luego la política en todas sus expresiones?
Me dirijo respetuosamente desde esta ejemplar tribuna, a la cual me debo, en el marco de la letra y espíritu del Art. 14 de la Constitución de la Nación Argentina, a todos los Diputados Nacionales y Senadores; de San Juan en particular, y del resto del País, en general, en reclamar por si y en nombre de un pueblo que aún conserva la esperanza que los políticos, en su ética y en su moral, puedan superar ese código no escrito de la obediencia debida, y que con verdadera y auténtica independencia de ideas y de criterios, sepan defender el estado de derecho, la libertad de las instituciones, la independencia de la Justicia, la educación como valor supremo, en pos de una Patria más grande, justa y soberana.
Ojalá que el Altísimo ilumine vuestras conciencias para seguir creyendo que un futuro mejor es posible.
(*) Docente.