Nació con el pomposo nombre de Consejo de la Protección a la Producción Agrícola, aunque todo el mundo lo llamó Agrovitícola. Fue creado en 1946 en San Juan por la ley 1024 y funcionó hasta que fue disuelto en 1994 luego de que los mismos productores aceptaron por mayoría su liquidación. El organismo se sostuvo con un descuento obligatorio que se le efectuaba a viñateros y olivicultores, del 5 por ciento sobre el total de la cosecha de cada año. Ese monto servía para pagar seguros por los daños causados por lluvias, granizo u otras inclemencias del tiempo.
Los mismos productores pidieron su desaparición con el argumento de que les costaba caro, les complicaba la vida con papeleos y, para colmo, que recibían un mal pago cuando les caía piedra o helaba en sus parrales o en las plantaciones de aceitunas.
Cuando fue liquidado, quedó un remanente de 5 millones de pesos que nunca apareció. Años después la Fiscalía de Estado demandó a 1.500 productores que no pagaron el seguro correspondiente a la cosecha del ´93.
A diferencia de aquel seguro donde los productores debían pagar una prima obligatoria, ahora es el gobierno el que pretende financiar una cobertura básica. El productor que quiera mas beneficios deberá pagar el diferencial.
