El 28 de noviembre de 1996, el Banco de San Juan daba un giro histórico en sus entonces 52 años de vida: del control estatal pasaba a manos privadas. En esa fecha, la provincia firmaba el acta de transferencia del 75 por ciento del capital accionario al grupo Leccorp, que estaba encabezado por la empresa Petersen, Thiele y Cruz de Enrique Ezkenazi, quien se convirtió en el presidente de la entidad. El traspaso se realizó durante la segunda gestión del justicialista Jorge Escobar, quien se había alineado por completo a la ola privatizadora que instaló en el país la administración nacional de Carlos Menem. El San Juan estaba quebrado, los depósitos se fugaban y sus desfasajes eran solventados con fondos de las arcas provinciales. Bajo la órbita privada logró salir a flote, pero la provincia se quedó con la cartera de deudores, cuyo monto era de 198 millones de pesos, conformándose así el célebre "residual’. Y muchos de esos créditos no fueron cobrados porque prescribieron o caducaron las causas iniciadas.
A nivel nacional, la gestión menemista le había recomendado a los distritos que privatizaran la banca estatal y el gobernador Escobar llevó adelante el modelo en San Juan. El 28 de noviembre de 1996, en una ceremonia en el mismo banco, se produjo el traspaso de la mayoría accionaria y Eskenazi tomó las riendas de la institución. Era el corolario de una operación que se inició el 13 de noviembre de 1995, cuando Escobar anunció la puesta en marcha de la licitación internacional para la venta del banco. Según las bases, el patrimonio neto era de 15 millones de pesos, el activo de 83 millones y el pasivo de 68 millones. El grupo Leccorp ganó el proceso y desembolsó 11,5 millones de pesos. Pero como la entidad estaba quebrada, el Gobierno tomó un préstamo del Banco Mundial de 80,5 millones de dólares para sanearla y concretar el traspaso. Ese dinero se destinó a compensar a los ahorristas afectados por la privatización. Y además, se hizo cargo de 198 millones de pesos que era la deuda que tenían particulares y empresas que habían obtenido préstamos de la institución bajo la administración estatal. Ese monto se convirtió en el residual del Banco San Juan y con el paso del tiempo, muchos de los morosos no fueron demandados para que pagaran, por lo que las obligaciones prescribieron. Y en otros casos, las ejecuciones se iniciaron, pero las causas caducaron debido a que no se les imprimió el trámite necesario para que se cancelaran.