La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer en Casa de Gobierno el acto de Lanzamiento de la iniciativa Pampa Azul, que promueve la investigación científica de los recursos naturales del Atlántico Sur. Además, al inaugurar la nueva planta de molienda de soja, en la localidad santafesina de Timbúes, que será la más grande del mundo por su capacidad de procesamiento de unas 20.000 toneladas de granos por día, hizo un anunció largamente esperada por los productores de biodiesel: el envío al Congreso de un proyecto de ley para eximir al biodiesel nacional del pago del Impuesto a los Combustibles, que tendrá una vigencia temporal hasta tanto la Unión Europea revise sus actuales restricciones a la producción argentina. Y en el mismo acto proclamó que el próximo jefe de Estado va a ‘recibir un país totalmente diferente‘ y ‘mucho mejor‘ que el que debió administrar la gestión kirchnerista desde el 2003.
El proyecto para el biodiesel, que ingresará al Congreso a través de la Cámara de Diputados por ser la iniciadora en temas tributarios, prevé modificar el impuesto adicional al gasoil (Ley 26.028), de manera que la alícuota del 22% no sea aplicable al biodiesel destinado a la generación eléctrica. También se prevé eximir de la alícuota del 19% del impuesto a los combustibles líquidos, retrotrayendo la situación a noviembre de 2011.
Esta última medida fue un compromiso que la Presidenta asumió en su última reunión con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante las dificultades que atraviesa el sector.
‘Si no bajamos este impuesto aumentaría el precio del combustible, y tenemos que equilibrarlo para que las petroleras no lo carguen al consumidor ni vean incrementar sus costos. Por eso vamos a hacer una serie de retoques puntuales a la Ley de Impuesto a los Combustibles‘, explicó Cristina.
Esta medida se va implementar ‘en forma temporal y condicionado al tiempo que se mantenga la restricción por parte de la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino‘, enfatizó.
Argentina interpuso en su momento un panel ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para denunciar esta medida de dumping contra los productos argentinos, en particular el biodiesel, que se enmarca en lo que denominó ‘una verdadera guerra comercial‘ a nivel internacional.
Esta modificación tributaria, explicó Cristina, busca responder a ‘la situación que atraviesan las 33 plantas de biodiesel que emplean a más de 1.600 trabajadores, y que se construyeron casi en su totalidad desde 2003, bajo la Ley de Promoción de Energías no Renovables‘.
‘A partir de las maniobras de dumping que realiza Europa, de la que fuimos en algún momento el primer exportador, nos prohíben el ingreso de biodiesel argentino porque somos muy competitivos y mucho más baratos que el que producen los europeos‘, detalló. (Télam, DyN)