En el marco de la megacausa de las expropiaciones, hace poco trascendió en Tribunales que Santiago Graffigna declaró en una entidad bancaria que cuenta con unos 10 millones de pesos. El abogado está sospechado de enriquecerse ilegalmente a costa de la provincia y su estado patrimonial es clave para la Fiscalía de Estado, ya que a futuro lo quiere demandar para recuperar parte del dinero. En el organismo oficial creen que su capital es mayor y la cifra despertó dudas por dos razones: están seguros que por los juicios irregulares cobró mucho más y hay datos que hacen presumir que se desprendió de bienes para evitar embargos.
Graffigna está sindicado como el que articuló acciones con la finalidad de inflar el valor de terrenos expropiados por la provincia para hacer obras como Cuesta del Viento, el canal Benavídez y el Parque de Mayo, entre otras. En su rol de abogado, representó a los expropiados en todos los juicios bajo la lupa y se sospecha que actuó en forma coordinada con jueces y empleados públicos para sacarle al Estado millones de pesos (ver nota relacionada).
El Gobierno denunció penalmente las maniobras y la jueza Inés Rosellot intenta determinar si la provincia fue estafada. Pero la estrategia va más allá del fuero Penal: la Fiscalía de Estado apuesta a que los juicios de la discordia sean declarados nulos, para poder ir por el patrimonio de los implicados.
Rosellot mandó a pedir informes a un banco sobre un depósito de 1,5 millones de pesos que el abogado hizo a favor de San Vicente de Paul, una entidad de beneficencia (ver recuadro). En función de lo que trascendió en el palacio de Tribunales, el profesional habría justificado la procedencia del dinero con una declaración de bienes por 10 millones de pesos: más de 9 millones en efectivo y el resto, equivalente a una propiedad.
En la Fiscalía de Estado esperaban ansiosos el dato, porque es vital para las aspiraciones de recuperar parte de dinero. Pero se declararon escépticos con la declaración de Graffigna y tienen dudas sobre cuál es su verdadero patrimonio.
Una pericia judicial dice que la provincia pagó hasta ahora 45 millones de pesos por los juicios de la polémica y fuentes calificadas de la Fiscalía de Estado aseguraron que gran parte lo cobró él mismo a nombre de sus clientes o como titular de las acciones. Además, recordaron que está en la mira por una supuesta insolvencia fraudulenta.
Pasa que Graffigna es parte de otra causa en la que Rosellot investiga si estafó a algunos de sus clientes. Familias enteras lo acusan de entregarles menos de los que les correspondía por los inmuebles que les expropiaron y una de ellas denunció que antes de iniciarse el escándalo, transfirió 9 propiedades a personas de su entorno. La sospecha es que lo hizo para no tener que responder con su patrimonio por un escándalo que pone en juego más de 1.500 millones de pesos.