Un expediente con 3.169 fojas repartidas en 16 cuerpos; con 20 sospechosos indagados y varios más en la mira; al menos 30 vehículos secuestrados (la mayoría ilegales); varios motores y múltiples de autopartes; decenas de cajas con documentación anexa, en su mayoría, papeles incautados durante el allanamiento realizado en el mayor emprendimiento minero provincial, Veladero, en Iglesia. En trazos gruesos, es el resultado provisorio de la investigación que empezó el pasado 12 de julio y que, dos meses después, puede pasar a otro juez.

Al menos eso es lo que considera ajustado a derecho la juez de instrucción provincial María Inés Rosselot, quien ayer resolvió pasar toda la causa de la denominada "mafia de las 4×4" al juez federal Leopoldo Rago Gallo, dijeron fuentes judiciales.

¿La razón? el descubrimiento de delitos de competencia federal, como la falsificación de un DNI y la de tres títulos de propiedad de camionetas secuestrados en la casa del prófugo Nro1 del caso, Guillermo "El Porteño" Criscuolo, citados ayer como ejemplos en su fallo.

Según la magistrado, esos ilícitos prevalecen sobre otros que ella misma investigó y que imputó a los 20 sospechosos que indagó en el Quinto Juzgado de Instrucción: presunta asociación ilícita; alteración, falsificación o supresión de partes y encubrimiento.

"Existen en las presentes actuaciones indicios suficientes que permiten determinar que se trataría de un delito de competencia federal (falsificación de documento de identidad y falsificación de título del automotor) en concurso aparente por subsidiaridad tácita o ideal con encubrimiento encubrimiento, falsificación, alteración o supresión de numeración de un objeto registrado y asociación ilícita", dice la juez en su fallo.

Y agrega: "la competencia federal por razón de la materia, debe ser sostenida aún de oficio cuando sea alterada voluntaria o inconcientemente, y debe ser declarada en cualquier estado del proceso".

La juez dejó planteado el conflicto de competencia en caso de que el juez federal no acepte su decisión. Y si así ocurre, el conflicto se dirimirá por el árbitro natural para este tipo de problemas entre jueces de distinta competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer, la juez empezó a notificar a las partes y en las próximas horas pasará la causa a la justicia federal.