Tras el enérgico repudio de la comunidad internacional por la destitución del presidente hondureño, Manuel Zelaya, los líderes mundiales, así como los bloques regionales y las organizaciones internacionales, presionaron a Honduras para que restituya el orden constitucional y democrático.

Pero no es una cuestión sencilla, máxime cuando Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, por ejemplo, se sitúan junto a países democráticos como los de la Unión Europea. Observemos los hechos: La Constitución de Honduras, con buen criterio, prohibe que un presidente vuelva a optar por un segundo mandato, a fin de evitar la perpetuación en el poder, a ejemplo de Fidel Castro y de otros caudillos, circunstancia tan frecuente en América latina. Según el artículo 239, nadie puede presentarse nuevamente a la reelección, porque "el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública".

La idea de Zelaya era la de poner una cuarta urna el 29 de noviembre próximo, en que se elige nuevo presidente, nuevo Congreso y nuevos intendentes municipales, para que se votase la convocatoria de una Asamblea Constituyente que permita reformar ese artículo de la Constitución, lo cual contradice al artículo 373, que indica que sólo "la reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros". Añadiendo, el art. 374, que "no podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo y el que se refiere a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República". Por último, el artículo 272 concerniente a las Fuerzas Armadas, indica que entre sus cometidos está el de mantener el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Se podrá estar de acuerdo o no con esas disposiciones, pero esto es lo que dice la Constitución vigente en Honduras. De ahí que la consulta popular que había convocado Zelaya para el pasado domingo, aconsejado por Hugo Chávez y sus colegas de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), fuese un fraude a la ley porque, a través de esta consulta, se quería infringir o saltar por encima de la Constitución.

Por supuesto, el ejército se ha propasado en sus funciones y todo golpe de Estado merece un enérgico y neto repudio.