El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el año pasado el caso de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sosteniendo que tal como está la ley, la Justicia no tiene atribuciones para controlar el reparto de esos fondos. Afirmó que el modo en que se distribuyen a provincias y municipios, desde hace décadas, es una cuestión política no judiciable.

Así convalidó repartos realizados por cuatro gobiernos: el de Carlos Menem, el de Fernando de la Rúa, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner. Pero el fiscal federal Gerardo Pollicita apeló y la Sala I de la Cámara Federal le dio la razón, revocando ese fallo que sostenía que el Ejecutivo tenía plena libertad para manejar sin control judicial, una de las mayores cajas del Estado, caso de los ATN.

La ley de coparticipación federal de impuestos afirma que son recursos de las provincias que los reparte el Ministerio del Interior y desde su sanción aparecieron las objeciones.

El gobierno Menem usó los ATN para compensar a provincias que resignaron recursos en los pactos fiscales de 1992 y 1993. Desde la administración kirchenrista se sumó una maniobra poco explorada: no repartir la mayor parte de los recursos y tomarlos como préstamos.

Lo que resulta cierto es que el Gobierno nacional puede administrar esos recursos a discreción, ya que no hay un mecanismo de reparto, pero también es claro que no puede apropiárselos, porque la ley afirma que son de las provincias.

La actual administración los tomó unilateralmente prestados y paga por ellos un interés. De hecho, la cifra se elevó a más de 9.000 millones de pesos en 2009 y a mediados de 2010, la presidenta Cristina Fernández prometió compensar esas acreencias con otras que tiene la Nación por diversos planes asistenciales. Así, la discrecionalidad aparece nuevamente, ya que la generosidad puede ser una muestra clara hacia los leales, y la negativa a quienes buscan afirmar un proyecto propio.

Resulta razonable que una parte del presupuesto pueda utilizarse según criterios amplios para atender situaciones de emergencia, pero lo que no debe admitirse es que sean considerados fondos que no deben ser plenamente justificados, evitando la arbitrariedad o falta de control como sucedió con los fondos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.