El puente internacional General San Martín, sobre la ruta 136, que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, que permanece bloqueado desde hace más de tres años debido al conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), ha puesto al Gobierno nacional en una encrucijada por su propia imprudencia. Debe resolver el levantamiento del corte en virtud del compromiso asumido con Uruguay, el respeto a los basamentos constitucionales y los acuerdos internacionales, luego de haber alentado al movimiento de asambleístas con la permisividad ideológica del modelo.
El Ejecutivo nacional incluso aceptó el deterioro de la relación bilateral por temor a que el desalojo de los piqueteros le dejada un costo político difícil de digerir frente a los sectores progresistas y ahora busca que sea la Justicia federal la que asuma toda la responsabilidad del despeje. Es que tanto este gobierno, como el antecesor, siguen confundiendo orden público con represión y de allí el fortalecimiento del garantismo populista que legitima las manifestaciones sectoriales reñidas con la ley y el sentido común.
La impotencia ideológica se transformó en la pérdida del poder de policía de las autoridades nacionales, de manera que mantiene firme su inacción frente al delito, como es este caso de entorpecimiento de las comunicaciones. "Si un juez lo ordena, el jefe de Gendarmería tiene que desalojar el puente", ha señalado el ministro del Interior, Florencio Randazzo, como si no fuese de su competencia mantener el orden público. Llevado al caso al un ejemplo común, es como si un policía se mantuviera de brazos cruzados en presencia de un ilícito, porque no tiene orden judicial para actuar.