Con tono inflexible, la mujer mezcló amenaza con sentencia: "no nos vamos a ir". Portavoz de unas 30 familias que se asentaron en un terreno privado sobre avenida Benavídez y calle Necochea, podía adivinarse que la señora conocía el efecto multiplicador del micrófono de la radio y la posibilidad de que en ese momento alguna autoridad escuchara su advertencia. Confesó que esta es la segunda vez que se apoderan del lugar. Y juró que en esta ocasión no cederán ante la orden de desalojo judicial. La decisión de resistir físicamente quedó expuesta.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional argentina establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y menciona textualmente "el acceso a una vivienda digna". Está claro que este punto es materia pendiente. Y, aunque la señora del asentamiento desconozca la Carta Magna, la asiste el derecho.

Sin embargo, la legislación argentina también condena la usurpación que con nulo pudor realizaron y realizan familias en distintos puntos del Gran San Juan. El Código Penal argentino se ocupa de este delito en los artículos 181 y 182.

"Yo no puedo esperar un año. Yo necesito una casa ahora", agregó la mujer con tono más elevado aún. Lejos de las voluminosas bibliotecas de los estudios jurídicos, la argumentación terminó en un lugar mucho más accesible para la opinión pública: el plan de erradicación de villas. Si el Gobierno entregó viviendas nuevas a familias que habitaban en condiciones similares de precariedad e irregularidad dominial, ¿por qué no reclamar un trato igual?

Más de 50 villas erradicadas alientan las expectativas y también las acciones proactivas para obtener una vivienda por la misma vía. Primer paso, asentamiento en predio usurpado; segundo, construcción de emergencia; tercero, relevamiento oficial; y cuarto, anuncio de mudanza a la casa nueva con demolición de las casillas.

Las familias de la avenida Benavídez ya comenzaron a sustituir las carpas por las construcciones fijas de ladrillos y adobes. Hicieron un "loteo" arbitrario y se repartieron el terreno. Resta saber si el Estado tendrá la creatividad para romper la metodología sin llegar a la violencia de la represión -los usurpadores han planteado su intención de resistir-, cumpliendo con la letra constitucional y penal. Porque a fin de cuentas, el concepto básico de justicia consiste en dar a cada uno lo suyo.