La medida de la Secretaría de Comercio Interior de prohibirles a las cadenas de supermercados publicitar sus ofertas y promociones en los diarios nacionales y en los canales de TV, provocó el rechazo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

La entidad denunció que la presión a los anunciantes para que retiren avisos en los medios constituye un grave ataque a la libertad de expresión. Por su parte, la Asociación de Editores de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba) consideró esa presión como un "atropello” y un "boicot a la publicidad, a la información y a la libertad”. La decisión de la Secretaría de Comercio configura un cercenamiento grave de las libertades reconocidas por nuestra Constitución y los tratados internaciones sobre derechos humanos. Se trata de una lesión arbitraria al derecho de propiedad de los titulares de esos centros comerciales y de los medios de prensa. También desconoce el derecho inviolable a la información reconocido al pueblo.

La publicidad comercial es una manifestación del pensamiento, fruto de su creatividad, que se concreta en la libertad de expresión. Es que, al margen de la finalidad del emisor, satisface el derecho a la información configurando una herramienta útil para garantizar el derecho del consumidor regulado por el artículo 42 de la Constitución. Reconoce a los consumidores y usuarios el derecho a una información amplia y adecuada para ejercer la libertad de elección. La medida ignora que desde hace décadas se acepta que la publicidad integra el concepto de la libertad de prensa y que le son extensibles todas las garantías previstas por la Constitución en los artículos 14 y 32, para esa libertad elemental, incluyendo la prohibición de la censura previa. De igual modo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión es un derecho que abarca la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y que el ejercicio de ese derecho no puede estar sujeto a censura previa. Es lo que acontece con la publicidad comercial.

La Secretaría de Comercio estima que la censura que pretende imponer es conveniente para la estrategia económica del Gobierno, pero es inaceptable en una democracia republicana amparada por el Estado de Derecho. Las leyes deben ser respetadas y el gobernante debe tener el respeto elemental como para concretar sus fines sin violar el orden normativo.