El daño irreversible ocasionado en nuestra provincia a los alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan debido al paro intempestivo declarado por el gremio Adicus, que ha ocasionado la pérdida de más de un mes de días de clases, ha tenido la lógica respuesta de prolongar la finalización del ciclo lectivo.

Si bien se trata de un paliativo, ya que la continuidad de la actividad interrumpida por una medida de fuerza durante 32 días resulta prácticamente imposible de recuperar, la decisión de las autoridades universitarias de extender el período actual hasta el 5 de diciembre venidero intentará de alguna manera que el cronograma original se cumpla con las restricciones impuestas por la emergencia. Esto incluye la imposibilidad de otorgar más jornadas áulicas por las otras etapas a cumplir como los días para recuperación de contenidos y la toma de exámenes.

También es oportuna la disposición del Rectorado de la UNSJ porque ha dado una respuesta a los padres de los alumnos antes de que el juez federal Miguel Gálvez resuelva la acción de amparo -luego de la feria invernal- presentado para que se garantice el derecho a la enseñanza que tienen sus hijos, como ya lo hicieron en oportunidad de otros paros anteriores. En este caso existe una doble garantía, porque se suma a la premisa de la Carta Magna, lo dictado por los propios estatutos de la UNSJ al reafirmar las seguridades inalienables del derecho irrestricto a la educación.

El rechazo de la dirigencia sindical al aumento salarial del 32,7%, hasta junio de 2015 para los profesores preuniversitarios, que fuera otorgado por el Gobierno nacional, y la libertad de acción de la entidad central para que cada gremio adopte las medidas de fuerza que crea conveniente, ha llevado a tal estado de incertidumbre en nuestra provincia. Pero la situación está lejos de finalizar ya que una asamblea anunciada por Adicus para el 18 de este mes decidirá si el paro continúa o cual será la modalidad para seguir con la protesta, ante el descuento de los días a los docentes que no concurran al trabajo.

Lo que está fuera de discusión es la posición absurda de la dirigencia sindical de escudarse en la garantía constitucional del derecho de huelga para alegar que tiene preeminencia frente al derecho supremo que la Ley básica concede a la educación.