Nuestros lectores se informaron del impedimento a DIARIO DE CUYO para ingresar a un edificio público con el fin de realizar una nota puntual relacionada con la iniciación de clases en una nueva escuela de Media Agua. El hecho es grave si quien lo ordena es un directivo que debería conocer el derecho de acceso a la información, pero mucho más si el impedimento es en represalia por una publicación del año pasado sobre denuncias de irregularidades que siguen demoradas en la etapa investigativa.
Los enviados de este diario recibieron esa insólita negativa de parte de Adriana Olguín, vicedirectora de la Escuela de Educación Especial de Sarmiento, denunciada junto a la directora, Rosa Blanquer, por abusos y maltrato laboral al personal, hecho que tomó estado público en julio del 2013. Desde entonces se sumaron al escándalo nuevas presentaciones y denuncias por amenazas, discriminaciones y hostigamiento, incluso a los chicos de capacidades diferentes que se educan allí, una situación que a más de diez meses todavía sigue en manos de la increíble burocracia administrativa del Ministerio de Educación de la provincia.
Precisamente, la ministra Cristina Díaz , enterada de la reacción de Adriana Olguín ante nuestro equipo periodístico, dijo que "corre por cuenta de la vicedirectora la decisión de no dejar entrar al diario al establecimiento”, es decir la funcionada avala que una subalterna actúe como dueña de un espacio estatal y autorice discrecionalmente el ingreso. Debe aclararse que el motivo de nuestra presencia no fue por las denuncias -no está obligada a responder sobre el asunto- sino por la inauguración del moderno edificio. Tampoco la directora Blanquer respondió a este medio.
Resulta sorprendente que este acontecimiento que involucra a funcionarios y docentes se maneje con un autoritarismo que lesiona la función pública y por el absoluto desconocimiento del derecho a la información de la legislación argentina, que data desde la sanción de la Constitución, en 1853 y reafirmado en la reforma de 1994 con la incorporación de tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, donde el libre acceso a la información pública tiene rango constitucional concordante con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Más lamentable si este desconocimiento es de un educador.