En el 2006 la Procuraduría de la Nación firmó un informe preliminar a Nico Becerra (mendocino, del otrora clan Menem-Manzano) en que le daba la razón al juicio que el gobierno de Lafalla había entablado a la Nación en 1997 por los perjuicios fiscales del régimen de Promoción Industrial. Entonces midieron el daño fiscal en $1.005 millones. A Cobos se le sugirió un arreglo extrajudicial -eran épocas donde estaba cerca acompañar la formula presidencial con Cristina- y aceptó.
En el 2007, en una acto en San Rafael (ver foto) se confirmó el acuerdo: la Nación comprometió el financiamiento para realizar la primera central del dique Portezuelo del Viento.
