Uno de los sectores laborales más postergados, el del trabajo doméstico, ha tenido recién esta semana una reglamentación que ampara y cubre los derechos de las trabajadoras de casas de familia, después de un año en que fuera sancionada la ley destinada a sacar de la informalidad a un millón de empleadas, o un 65%, que se estima tiene una dependencia en ‘negro”.
La trascendencia de la tardía norma equipara al personal doméstico con el resto de la fuerza laboral registrada, lo cual le otorga derechos básicos como las coberturas asistenciales y previsionales, los riesgos que se presentan en la tarea diaria, y el otorgamiento de permiso por estudio. A la vez el empleador tiene obligaciones como el de la bancarización de los haberes si la empleada supera las 32 horas de prestaciones, pero sin costos, ya que este requisito es absolutamente gratuito como para cualquier cuenta-sueldo del sistema bancario.
Con la reglamentación de la ley hay beneficios mutuos, debido a que al encuadrarse la relación contractual como en cualquier actividad laboral, el empleado se siente respaldado por estar registrado y el empleador se saca de encima responsabilidades que son por demás onerosas si ocurre en accidente durante el desarrollo de las tareas. Precisamente, las domésticas también dispondrán de un amparo integral por medio de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), una disposición obligatoria que cierra el círculo de la formalidad establecida.
Salir del empleo en negro representa una verdadera reivindicación porque dignifica a la persona al acceder al crédito, a una obra social y a una jubilación digna, entre otros derechos que les son negados en la informalidad.