El nuevo Congreso Nacional deberá asumir la tarea de recuperar la plenitud de la República. Tendrá que desmontar la suma de poderes que, en estos años, una mayoría de legisladores le otorgó al Poder Ejecutivo, violando los límites que impone la Constitución y, de este modo, volver a la legalidad, al equilibrio y al camino de la civilización.
La ciudadanía necesita de la Justicia para que sean respetados todos sus derechos. Para dar garantía a la necesaria independencia, la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, cuya razón de ser es separar de la política la designación y remoción de los jueces, actos que, en el sistema anterior, estaban en manos del Presidente y del Congreso de la Nación. Es tan esencial ese objetivo, que en las democracias occidentales, como las de Francia, España o Italia, ningún legislador integra el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el art. 114 de nuestra Constitución admite la presencia de algunos representantes políticos, pero en equilibrio con jueces y abogados, además de académicos.
La ley sancionada en 2006 rompió ese equilibrio: hoy sobre 13 miembros, 7 son políticos. La violación del art. 114 es evidente. Pero el tema se agrava porque el oficialismo actual y los venideros, con sus cinco miembros -cuatro legisladores y el delegado del Presidente-, puede impedir la designación de quien ganó el concurso de aspirantes a juez y así evitar que alguien manifiestamente independiente ocupe un juzgado donde se sustancian causas de corrupción, y también puede impedir que un juez que no actuó correctamente sea suspendido o sometido a juicio político, a cambio, por ejemplo, de favores electorales o la paralización de una causa que compromete a funcionarios. El Congreso renovado deberá suprimir esas facultades peligrosas y restablecer la vigencia del art. 114 de la Constitución.
En cuanto a las demoras de los juicios, que tanto preocupan a la gente, al anacronismo de códigos procesales, cuya reforma ha sido objeto de proyectos que desde hace años permanecen en los cajones del Congreso, se suma la existencia de 196 cargos vacantes, sobre un plantel de 900 jueces nacionales, con la sobrecarga de tareas que esto implica para los jueces actuales.
El próximo Congreso Nacional deberá entonces dejar de lado las banderías de sectores y conveniencias personales para que nuestro país sea la República Federal que describe la Constitución.