El candidato a gobernador de Tucumán por Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano, retiró ayer a sus fiscales del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales, al tiempo que desde ese frente opositor se presentó una denuncia penal contra la Gendarmería Nacional, el Correo Argentino y la Junta Electoral Provincial (JEP).
‘Decidimos retirar nuestros apoderados (Alvaro Contreras y Daniel Ponce) porque la Junta Electoral Provincial no garantiza la transparencia del sistema electoral, porque es parte de este sistema corrupto‘, anunció Cano tras confirmarse que habían desaparecido las imágenes de las cámaras instaladas en el recinto donde se lleva a cabo el recuento de votos.
En cuanto a la desaparición del video que supervisa el recinto del escrutinio, el candidato definió como ‘escandaloso‘ lo ocurrido, y protestó porque ‘se contrató a una empresa fantasma de Santiago del Estero, de un joven (Francisco Jiménez) que trabaja en la tesorería de la Casa de Gobierno, que no tiene antecedentes de haber prestado este servicio‘.
Mientras, el exlegislador radical de Tucumán Juan Roberto Robles presentó ante la Justicia Federal, en nombre del ApB, una denuncia penal contra las autoridades de la Gendarmería por ser los responsables de la custodia y del traslado de las urnas y el Correo, por haber tenido a cargo el escrutinio provisorio.
El abogado cargó contra los funcionarios de la Junta Electoral Darío Almaraz y Alfredo Iramain, a quienes sindicó como partícipes de una organización ‘criminosa‘ destinada ‘a violentar la voluntad de los ciudadanos‘, por lo que pidió la detención e incomunicación de ambos. La demanda también alcanzó a Francisco Jiménez, titular la empresa Info FOJ que proveyó el sistema de video que fue dañado. Desde el gobierno nacional el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió que la denuncia por la pérdida de los videos es ‘otro intento por deslegitimar‘ las elecciones del pasado 23 de agosto.