El Gobierno nacional habilitó el accionar de tareas de inteligencia sobre el sector privado -empresas y financieras-, a fin de evitar los "golpes de mercado", lo que contradice las propias leyes que regulan el espionaje. La reglamentación de estas prácticas no incluye a las actividades lícitas, -lo que está expresamente prohibido-, con el agravante de legalizar lo que se venía haciendo ilegalmente.

El director de la Agencia Federal de Inteligencia, que sucede a la cuestionada SIDE, Oscar Parrilli, negó que se trate de una intervención sobre las empresas y menos que se investigue a quién compra o vende dólares, procedimientos contra las "cuevas’ financieras que alimentan la cotización paralela del dólar.

Si bien el artículo 3, inciso 1 de la ley 27.126, prohibe la realización de tareas represivas, tanto de investigación criminal como funciones policiales, se plantea una preocupante contradicción al observar el Anexo I del decreto presidencial, ya que esta norma tipifica la "Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional" la cual permite el espionaje sobre grupos económicos y/o financieros, bancos, empresas y compañías financieras que impulsen "terrorismo" o una "desestabilización de gobiernos democráticos" mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y golpe"s de mercado, entre otros hechos.

El cuestionado decreto 1311 reglamentó la nueva ley de inteligencia, que modifica en forma parcial a la antigua ley 25.520, pero mantiene artículos polémicos, como el 4 inciso 2, que prohibe expresamente a los organismos de inteligencia producir inteligencia sobre la actividad lícita que se desarrolle en cualquier esfera de acción. Pero abre la puerta a intervenciones sobre la actividad privada como si fuera una práctica delictiva.

El espionaje en la Argentina se convirtió en una herramienta política en esta década, ya que aún con la ley anterior se vulneraba la exigencia de recurrir a un juez para fundamentar las escuchas y los seguimientos para recabar información que muchas veces utilizaba la Unidad de Información Financiera (UIF) y hasta la propia AFIP. Ahora, con el nuevo decreto, por una simple intuición, un funcionario se arrogará atribuciones para escuchar y acusar a cualquier ciudadano que quiera comprar dólares, por ejemplo, afectando seriamente las libertades y derechos constitucionales.