En un fallo histórico, la Corte de Justicia de San Juan declaró que las deudas con el ex Agrovitícola están prescriptas. Significa que el Estado no podrá cobrar, al menos, unos 70 millones de pesos que 3.500 productores y agentes de retención quedaron debiendo por no cumplir con los aportes al organismo que fue liquidado hace casi dos décadas.

La Fiscalía de Estado que conducía Pedro Quiroga los demandó en 1999, pero a esa altura ya había vencido el plazo estipulado por la ley para exigir el pago y y la provincia perdió el derecho. La resolución es plenaria, por lo que debe ser acatada por los jueces inferiores en todos los procesos que hay en trámite.

El fallo del máximo tribunal es el principio del fin de una larga historia de tires y aflojes. El Consejo de Protección a la Producción Agrícola (ex Agrovitícola) vio su fin en 1993, los productores y agentes de retención (bodegas) no pagaron el seguro de riesgo climático de esa cosecha y le quedaron debiendo una cifra abultada. Como nunca se pusieron de acuerdo, la provincia salió a ejecutar a los morosos en la Justicia y hasta hoy hay decenas de causas en marcha (ver foto).

En la resolución, los miembros del máximo tribunal advierten que la deuda es por el incumplimiento de pago de un seguro y que como tal, es de carácter comercial. Y que al ser una obligación de naturaleza comercial, prescribe al año de haberse generado. Implica que el acreedor, tenía hasta un año para demandar a los morosos si quería mantener la chances de cobrar.

Sin embargo, la provincia ejecutó a los deudores mucho tiempo después. La Fiscalía de Estado, en ese entonces todavía dirigida por Quiroga (fallecido), motorizó las primeras demandas en 1999. Es decir, 6 años después de haberse generado la deuda por parte de los productores.

En definitiva, la tardanza del propio Estado para actuar terminó atentando contra la posibilidad de cobrar. En lugar de esperar hasta principios de la década pasada para llevar las cosas a la Justicia, las demandas deberían haber ingresado a Tribunales, a más tardar, en 1994. Así, se hubiera interrumpido el plazo de la prescripción.

Al haber sido declarada la prescripción, el acreedor ya no tiene la posibilidad de exigir el pago. En este caso, el Estado sanjuanino se quedó sin el derecho de obligar a los deudores a ponerse al día. Y si bien el fallo es por una sola causa (Provincia de San Juan contra Bodegas y Viñedos Horacio Nesman), el plenario (firmado por la Corte en pleno) y los jueces locales de primera y segunda instancia tienen que aplicar el mismo criterio en las causas del ex Agro que aún están pendientes de resolución.

Así las cosas, los 3.500 deudores se verán liberados y los 70 millones de pesos que le deben a las arcas públicas quedarán en el olvido. Todo esto, contando los intereses resarcitorios y punitorios, y las multas que computaba al Estado en la actualización de deuda por el tiempo transcurrido, según estimaron en Diputados en 2005.

Las viejas demoras le traen ahora consecuencias económicas a la provincia. Se ve impedida de contar con un monto de dinero que equivale, por ejemplo, a un poco menos de lo que costó levantar el flamante Estadio del Bicentenario o para que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) construya un barrio entero de más de 450 casas.